“Esta ley humanitaria yo la llamo ‘inhumana’, porque obedece a los intereses y encargos que tenía el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cumpliendo y aprovechándose así del momento coyuntural que acecha al país, con los direccionamientos y políticas económicas dadas con anterioridad en la Carta de Intención del FMI con el Ecuador; también muestra la inclinación hacía el sector empresarial que forman parte de las contadas familias millonarias y monopolios que acumulan patrimonio y riquezas del país, flexibilizando y precarizando así al trabajador, obrero, maestro, campesino y población más vulnerable económicamente”, sostiene Andre Romero, abogado en libre ejercicio de la ciudad de Riobamba, sobre las nuevas reformas económicas y laborales.

Nuevas reformas económicas y laborales. https://www.finanzas.gob.ec/

Criterio. Dentro de la ley humanitaria se excluyó el tema y capítulo referente a las contribuciones y recaudaciones temporales, “esto con la finalidad de que al día siguiente, mediante cadena nacional, lanzar mediante decreto ejecutivo que la jornada laboral de los funcionarios públicos se reduzca a seis horas diarias y que el sueldo se cobre en función de las horas de trabajo y para los maestros la reducción será de una hora, medida que no aplicará para médicos, Policía, Fuerzas Armadas y demás funcionarios de seguridad… otro paquetazo que afecta a todas las familias ecuatorianas”, argumentó.

Postura. Todas estas disposiciones, acuerdos, decretos y leyes, “dentro de nuestro ordenamiento jurídico vigente, deben responder a mandatos de optimización consagrados en normas internacionales y nuestra Constitución, no pueden contraponer derechos y violar la estructura orgánica del Estado y su ordenamiento jurídico. Por citar algunas normas constitucionales, el artículo 11 numeral 4 de nuestra carta fundamental manifiesta que “ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales, el numeral 6 nos dice todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”, sostiene. 

Servicios. Dentro del capítulo referente a los servicios básicos y pagos de arriendos, la comisión de la Asamblea envió un documento con las observaciones y propuestas al Ejecutivo en relación a este tema, y que consta ya en el texto final, dentro del articulado de esta ley, pero, “existen más dudas que concreturas sobre el tema, ya que la realidad de muchas familias es distinta, no existe ingresos suficientes para poder sustentar todos los gastos inherentes a su desarrollo y subsistencia, y pago de arriendos, tanto de viviendas familiares como locales comerciales, la baja de sueldos, reducción de empleos, costo de la canasta básica familiar, no reactivación de sectores comerciales, caída del Salario Básico Unificado del trabajador y demás se suma el del pago de arriendos, que si bien es cierto por un lado nos habla de acuerdos para llegar con el arrendador, no excluye una reducción a dicho pago, es decir, se acumulará una deuda más a los bolsillos de nuestras familias, finalizó Romero, concluyendo que la nuevas reformas económicas y laborales pueden afectar a algunos sectores.

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