Autoridades allanaron la vivienda y las oficinas de Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad. Barreiro fue detenido la mañana del 21 de marzo, por un presunto caso de oferta de tráfico de influencias.
La madrugada de este jueves 21 de marzo, la Policía detuvo a Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, a quien la Fiscalía investiga por un presunto caso de oferta de tráfico de influencias, en el denominado caso Nene.
Las autoridades allanaron la vivienda en donde reside Francisco Barreira y después se trasladaron a sus oficinas, ubicadas en el centro de Cuenca.
El hijo de la Vicepresidenta también fue trasladado hasta esas oficinas, en donde el procedimiento de la Fiscalía duró aproximadamente una hora.
Al salir de estas instalaciones, Barreiro, escoltado por la Policía, expresó: «Todo es político y doy todas las facilidades», al ser consultado por el medio cuencano Motepodcast Radio.
Se prevé que Barreiro sea trasladado a Quito para definir su situación judicial.
Gobierno: «Cero tolerancia a la corrupción»
El Ministerio del Interior y la Policía se pronunciaron en sus redes sociales sobre este operativo.
«Este Gobierno, a través de la Secretaría Pública Anticorrupción, está firmemente comprometido con la prevención y erradicación del delito, y apoya la persecución de todo acto de corrupción…» dice el comunicado. El Ministerio del Interior añadió que mantiene un trabajo articulado «demostrando cero tolerancia a la corrupción, venga de donde venga».
¿Qué es el delito de oferta de tráfico de influencias?
El delito de oferta de realizar tráfico de influencias se encuentra tipificado en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Comete este delito cualquier persona que «acepte o solicite a terceros, presentes o cualquier otra remuneración, con el fin de ejercer influencia en otro servidor público para obtener un acto o resolución favorables a sus propios intereses o el de terceros».
Es un delito diferente al tráfico de influencias, que ocurre cuando «servidores públicos o personas con potestad estatal que, abusando de su cargo, funciones o relación jerárquica ejerzan influencia en otro servidor público para obtener un acto o resolución favorable a sus propios intereses o el de terceros».
