Víctimas colaterales de los femicidios

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 La Asamblea Nacional está tratando un proyecto de ley que implica la reparación integral a las víctimas colaterales -hijos y familiares hasta segundo grado de consanguinidad- de los femicidios. Víctimas colaterales de los femicidios

Contexto. Hasta el 9 de diciembre del año 2022, se registraron en el país 273 femicidios, ello significa 273 familias que directamente se verán afectadas a nivel personal, social, psicológico y judicial por la violencia de género. A demás según los datos de la fundación ‘Aldea’ entidad que recaba las cifras y ahonda en los contextos de las víctimas dejó ver que 109 eran madres; en tal sentido, sus hijos e hijas se convierten en víctimas colaterales de la violencia extrema, e incluso participantes directos de los femicidios porque los han presenciado. Tal situación implica que el Estado también debe velar por su bienestar y por lo tanto, dotarlos de una reparación integral.

Situación. Daysi Yuquilema, asambleísta por Chimborazo, el día 9 de enero realizó una socialización sobre el Proyecto de Ley Orgánica de ‘Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijos, Hijas, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio y otras Muertes Violentas de Mujeres’. En tal sentido, dio a conocer que la Comisión de Garantías Constitucionales avocó conocimiento sobre la misma, es entonces que, al ser un proceso que aún se está revisando, no hay un informe para primer debate.

Objetivo. Yuquilema explica que la finalidad del proyecto es solventar y fortalecer las leyes creadas para tratar estos tipos de delitos, pero considerando a las víctimas colaterales; ya que la reparación integral está dirigida a los familiares directo hasta segundo grado de consanguinidad de las víctimas. A demás refiere que, el hecho de ser integral es porque la ley espera enfocarse en el aspecto económico, inserción en la sociedad, educación y derecho al acceso a la salud pública para atención psicológica.

Importante. El proyecto también busca incidir en la celeridad de los procesos legales, para ello habrán reformas en el COIP para que no necesariamente deba existir una sentencia ejecutoriada para que el Estado atienda a las víctimas. 

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