UNE exige declarar en emergencia el sector educativo por baja inversión, inseguridad y piden derogar artículos de la Ley de Integridad.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) núcleo de Chimborazo, junto a delegaciones estudiantiles, protagonizó esta semana una serie de manifestaciones. Esto rechazo a artículos de la nueva Ley de Integridad Pública y en demanda de mejoras urgentes para el sistema educativo ecuatoriano.
Las movilizaciones comenzaron el 11 de julio en Quito y continuaron el 16 en Riobamba. Viviana Coloma, presidenta de la UNE Chimborazo, explicó que las protestas se centran en la defensa de los derechos laborales de los docentes y la exigencia de una educación pública de calidad.
“Lo que estábamos exigiendo es referente a esto de la Ley de Integridad Pública, con ciertos artículos que están violentando nuestros derechos, los artículos 80 y 81”, detalló Coloma.
Uno de los principales reclamos es la forma en que se plantea la evaluación de los servidores públicos.
“En esta ley no se habla de cómo se va a hacer la evaluación, simplemente nos dice que de pronto la persona de Talento Humano nos evaluará… entonces, ¿qué pasaría si ya no tiene una evaluación de insuficiente? Patitas a la calle”, denunció.
¿Por qué UNE pide declarar en emergencia al sector educativo?
Otro punto crítico es la reforma al régimen de jubilación. Según Coloma, “aumentaron cinco años, de un día para el otro, sin que haya habido un análisis profundo dentro de la Asamblea”.
La dirigente también criticó que, en vez de corregir el error, se intente remendar la situación integrando los cambios en una ley distinta, como la de áreas protegidas.
Sin embargo, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez afirmó que, en cuanto a los beneficios de jubilación, no se ha modificado la edad para acceder a compensaciones y calificó como “confusión deliberada” la narrativa sobre un aumento en la edad de retiro.
Por otro lado, las demandas de la UNE no solo son laborales. También incluyen exigencias en inversión pública y seguridad.
“Se hablaba de que el Producto Interno Bruto que tiene que ser invertido para educación, es del 6%, actualmente el gobierno invierte el 3.8%, lo cual se ve en la falta de docentes, en la falta de infraestructura”, explicó Coloma.
En este contexto, Coloma mencionó el déficit de cupos universitarios. “Anteriormente se presentaron 400 mil estudiantes a rendir estas pruebas para ingreso a las universidades, y vivía solamente 200 mil cupos. ¿Cuántos estudiantes se quedaron afuera?”, cuestionó.
Infraestructura del sector educativo es pésima
Las condiciones de infraestructura también fueron motivo de reclamo. “Nos vamos a dar cuenta que hay muchas instituciones que están trabajando en situaciones casi paupérrimas… hay tres baterías sanitarias para 2.000, para 3.000 estudiantes”, criticó.
Además, señaló que son los padres quienes, año tras año, deben cubrir los costos del mantenimiento escolar, cuando eso debería de hacerlo el gobierno.
En relación con los acercamientos al Gobierno, la UNE participó en una mesa técnica con el Ministerio de Educación. “La UNE fue el primer gremio en conversar con la ministra Alegría Crespo y se planteó que la educación se tiene que declarar en emergencia”, relató Coloma.
Aunque reconoció que la ministra cumplió con la homologación salarial del Grupo 7, advirtió que el compromiso debe extenderse.
Sobre la falta de recursos, Coloma fue enfática: “Nuestras señoras autoridades lo que manifiestan es que nunca hay dinero, y yo lo único que puedo decir es que la plata alcanza cuando nadie roba”.
Con estas acciones, el gremio docente busca no solo mejores condiciones laborales, sino garantizar el derecho de la ciudadanía a una educación pública, gratuita, segura y de calidad.
