Tesorero de la Federación Deportiva de Bolívar fue condenado a cinco años de prisión por peculado, tras comprobarse el desvío de fondos
Un juez condenó al tesorero de la Federación Deportiva de Bolívar por el robo de fondos públicos, luego de comprobar irregularidades en más de 70 transferencias bancarias sin respaldo.
El Tribunal de Garantías Penales de Bolívar sentenció a David Alejandro G. R. a cinco años de prisión por peculado, tras acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado.
Durante la audiencia de juicio, la Fiscal del caso demostró la participación del procesado en el desvío de fondos públicos en perjuicio de la Federación Deportiva de Bolívar (FDB).
Detalles del caso contra el tesorero de la Federación en Bolívar
Los testimonios presentados sustentaron la acusación y evidenciaron que, entre el 18 de mayo de 2017 y el 5 de enero de 2018, se realizaron 108 transferencias bancarias
los movimientos bancarios fueron desde la cuenta institucional de la FDB; setenta y una de ellas carecían del debido respaldo documental, lo que vulneró los principios de legalidad, transparencia y eficiencia en la administración pública.
Se demostró que el ahora sentenciado, en su calidad de Tesorero-Administrador Financiero (encargado), no justificó pagos que ocasionaron un perjuicio económico de 108.769,84 dólares a la institución.
Condenan al tesorero de la Federación Deportiva en Bolívar
Las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas durante el juicio evidenciaron el incumplimiento de los procedimientos establecidos para el manejo de recursos públicos, afectando directamente el uso correcto de fondos destinados al desarrollo deportivo de la provincia.
La Fiscalía también investigó a Galo Wenseslao Ch., servidor público, pero el Tribunal no lo encontró culpable.
Ante esta resolución, la Fiscalía anunció que presentará una apelación.
Información jurídica
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 278, inciso primero, literal a, tipifica el delito de peculado y establece una pena privativa de libertad de cinco a siete años.
