TCE sanciona al prefecto de Chimborazo por proselitismo
TCE castiga al prefecto de Chimborazo por proselitismo, ¿podrá sostener su cargo, recuperar legitimidad y lanzarse a la reelección?

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emitió la sentencia contra del prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda Cuvi, tras determinar que incurrió en una infracción electoral grave contemplada en el artículo 278, numeral 3, del Código de la Democracia.
La sanción impuesta consiste en la suspensión de sus derechos de participación política durante tres meses, un fallo que ya fue notificado oficialmente y que tiene ejecución inmediata.
En la resolución, contenida en la causa N.º 058-2025-TCE, el organismo señaló con contundencia:
“El suscrito juez electoral resuelve ACEPTAR LA DENUNCIA INTERPUESTA, declarar la responsabilidad del denunciado, e imponerle sanción de tres meses de suspensión de sus derechos de participación”
TEC CAUSA No. 058-2025-TcE
La denuncia por proselitismo inicia el 12 de febrero de 2025, cuando el abogado Juan Sebastián Cuvi Navas, acompañado de Alejandro Rodas Coloma, presentó ante el TCE un escrito de ocho páginas en el que acusaba a Tayupanda de haber utilizado su cargo para favorecer a César Robles.
Robles era candidato a la Asamblea Nacional por la Izquierda Democrática (ID), mismo partido por el que Tayupanda llegó a la prefectura
En el documento se adjuntaron pruebas audiovisuales que, según el denunciante, demostraban actos de promoción política y uso indebido de recursos públicos.
Entre ellas constaban transmisiones en vivo de Facebook, TikTok y grabaciones que luego fueron certificadas por un notario y peritadas en el proceso judicial.
Los hechos denunciados ocurrieron en dos fechas clave: el 6 de enero de 2025, durante un evento en la Prefectura de Chimborazo, y el 14 de enero de 2025, en la comuna de Tixán, en Alausí.
En el primer caso, Tayupanda se dirigió a los asistentes asegurando que era parte de la Izquierda Democrática y pidiendo su respaldo.
En el segundo, en presencia de comuneros y de Robles, según el acta procesal, habría condicionado la ejecución de obras al apoyo político a la lista 12.
La prueba que marcó el caso de Hermel Tayupanda

El tribunal dio especial relevancia a un video difundido en redes sociales, en el que el prefecto expresó:
“Gracias por la campaña, parece que van a votar por la lista 12 (…) Si quieren carretera (…) Están diciendo si alguien quiere, si alguna comunidad sale de esta organización, no le ayudamos. ¿Cuántos son de la lista 12?”
TEC CAUSA No. 058-2025-TcE
Posteriormente, el propio candidato César Robles tomó la palabra, lo que evidenció un acto de coordinación política en presencia de autoridades comunitarias.

El perito designado, Richar Patricio Martínez Reyes, confirmó que el material no había sido manipulado y correspondía a publicaciones auténticas en la plataforma Facebook.
En su descargo, Tayupanda negó las acusaciones y sostuvo que se trataba de actividades propias de su gestión como prefecto, sin intención de incidir en la voluntad del electorado.
Argumentó además que no existían pruebas claras de inducción al voto y que el denunciante no había demostrado qué preceptos legales fueron vulnerados.
No obstante, el TCE consideró que las pruebas eran suficientes para establecer la materialidad de la infracción y que el prefecto había abusado de su condición de autoridad para incidir en el electorado.
TCE declara culpable de proselitismo al prefecto de Chimborazo
El juez Richard González Dávila, quien subrogó al magistrado original de la causa, fue categórico en su valoración.
Según la sentencia, Tayupanda “induj[o] a los electores (…) a respaldar a la organización política Izquierda Democrática, lista 12, como condición para acceder a obras por parte del gobierno descentralizado provincial de Chimborazo”
El fallo enfatizó que se trató de un acto de coacción al electorado, lo que constituye un “fraude democrático” al utilizar la amenaza de negar obras como mecanismo de presión.
La decisión del TCE, adoptada el 5 de septiembre de 2025 a las 16h56 en Quito, resolvió:
- Aceptar la denuncia de Juan Sebastián Cuvi Navas.
- Declarar responsable a Hermel Tayupanda por infracción electoral grave.
- Imponerle la sanción de suspensión de derechos de participación por tres meses.
- Notificar la resolución al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio de Trabajo para su ejecución.
La sanción implica que el prefecto no podrá ejercer derechos de participación política durante ese periodo, lo que abarca la imposibilidad de inscribir candidaturas o desempeñar actividades relacionadas con procesos electorales.
¿Qué significa la sanción de Hermel Tayupanda?
La sanción impuesta por el TCE significa un golpe directo para Hermel Tayupanda, tanto en el plano político como en el personal.
Durante tres meses quedará suspendido en el ejercicio de sus derechos de participación política, lo que implica que no podrá inscribir candidaturas, intervenir en procesos internos de partidos ni participar en actividades de proselitismo.
Aunque se mantiene como prefecto de Chimborazo y continúa con sus atribuciones administrativas, queda limitado en el ámbito político-electoral.
En términos de gobernabilidad, la sanción no lo destituye, pero lo debilita políticamente. Con este antecedente, cualquier gestión o acercamiento con comunidades podría ser visto con sospecha de proselitismo.
Esto le resta margen de maniobra para consolidar alianzas o proyectar liderazgo más allá de la administración provincial.
La decisión del TCE es definitiva dentro de la jurisdicción electoral, lo que significa que Tayupanda no puede apelar a recursos ordinarios.
Sus únicas alternativas serían acudir a la Corte Constitucional mediante acciones extraordinarias o recurrir a instancias internacionales.
Sin embargo, mientras eso ocurre, la sanción se ejecuta de inmediato y queda registrada oficialmente en el CNE y en el Ministerio de Trabajo.
Finalmente, el fallo también tiene un impacto en su futuro político. Si pensaba postularse a la reelección o a otra dignidad, este antecedente será un lastre en su historial.
Además, abre la posibilidad de que la oposición utilice la resolución para cuestionar su gestión y minar su influencia.
En síntesis, Tayupanda conserva el cargo, pero queda políticamente debilitado y con su proyección electoral seriamente comprometida.