La denuncia por proselitismo contra el prefecto Hermel Tayupanda sigue sin resolverse en el TCE por retrasos en la sentencia.
La Corte Constitucional respondió a la consulta presentada respecto a la aplicación de una norma sobre pérdida de derechos políticos.
¿Cuál es la denuncia contra el prefecto Hermel Tayupanda?
Dicha consulta surgió en el marco de la denuncia contra el prefecto Hermel Tayupanda por presunto proselitismo político, al apoyar al excandidato a la Asamblea Nacional César Robles de la Izquierda Democrática (ID).
El juez subrogante Richard González elevó la consulta porque consideró que el artículo 278 del Código de la Democracia.
El mismo que establece la suspensión de los derechos de participación política en caso de infracciones electorales graves que podría contradecir lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
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Resolución de la Corte Constitucional ante la pregunta del juez
La jueza Claudia Salgado Levy, en representación de la Corte Constitucional, fundamentó la respuesta señalando que la solicitud no es apta para ser tramitada ni resuelta, al no cumplir con los requisitos legales y procedimentales exigidos.
Esto de acuerdo con el documento emitido por la Corte Constitucional en el que emite la respuesta. En consecuencia, la causa fue archivada y el expediente devuelto al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Mientras tanto, la denuncia presentada en febrero de este año deberá seguir el curso legal correspondiente.
Esto hasta que se emita una resolución definitiva, ya que, al ser devuelta a la entidad correspondiente, el proceso tomará más tiempo.
Criticas por las demoras en el proceso de denuncia por proselitismo
El abogado Alejandro Rodas, quien impulsó la causa, ha manifestado en entrevistas previas que existen suficientes elementos para que Tayupanda sea sancionado, destacando el respaldo público otorgado a un candidato durante el proceso electoral.
Según la normativa electoral, esto podría derivar en la suspensión de sus derechos políticos y, en consecuencia, en su destitución inmediata del cargo.
No obstante, Rodas acusa al juez del TCE, Joaquín Viteri Llanga, de retrasar deliberadamente la sentencia, e incluso sugiere la existencia de presuntos pagos irregulares que estarían obstaculizando la resolución del caso.
