Luego de que el TCE aceptara la denuncia contra la asambleísta por la RC5 en Chimborazo, Patricia Núñez tiene 5 días para su defensa.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha admitido a trámite una denuncia por presunta infracción electoral contra Silvia Patricia Núñez Ramos, asambleísta reelecta por Chimborazo y militante del movimiento Revolución Ciudadana.
La acusación fue presentada por Juan Esteban Guarderas, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Quien sostiene que Núñez habría inducido al voto a favor de la entonces candidata presidencial Luisa González, lo cual estará prohibido por el artículo 278, numeral 3, del Código de la Democracia.
Guarderas señala que la legisladora habría realizado actividades proselitistas utilizando su curul. Camuflando presuntos actos políticos como visitas comunitarias, empleando hashtags partidistas en redes sociales y pronunciando discursos alineados con la campaña del correísmo.
El juez Joaquín Viteri Llanga ha ordenado que Núñez responda en un plazo de 5 días y ha dispuesto la realización de una audiencia oral única para presentación de pruebas y alegatos.
También ha ordenado una pericia técnica informática con el fin de verificar si las publicaciones digitales pueden ser atribuibles a la legisladora.
Esta pericia será clave para establecer si se trató de una acción directa o si, como ocurre en ciertos casos, hubo manipulación digital o suplantación mediante tecnología.
Sanciones que podría enfrentar Patricia Núñez si el TCE la declara responsable de la infracción
Según explicó la abogada constitucionalista Margarita Cabrera, si el juez determina que Núñez incurrió en la infracción, podría enfrentar sanciones que van desde una multa de 11 a 20 salarios básicos unificados.
La sanción escala hasta la suspensión de sus funciones por un período de 6 meses a 2 años. En los casos más graves, podría ser destituida de su cargo y privada de sus derechos políticos.
Además, recalcó que “el hecho de que una denuncia sea aceptada no implica culpabilidad directa”, pues el proceso apenas entra en fase de investigación.
El caso plantea también un debate de fondo sobre la regulación del proselitismo digital.
“Las publicaciones en plataformas como X o Facebook están muy por fuera del control del CNE, que regula solo medios tradicionales”, alertó Cabrera, quien considera urgente actualizar la legislación para adaptarse a los desafíos tecnológicos actuales.
Hasta el cierre de esta edición, la asambleísta Patricia Núñez no ha emitido declaraciones oficiales.
