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Sube los precios de la gasolina en Ecuador, desde este 12 de agosto

Desde hoy, sube los precios de la gasolina en Ecuador, generando inquietud sobre el impacto en transporte y economía familiar.

Sube los precios de la gasolina en Ecuador, desde este 12 de agosto
Sube los precios de la gasolina en Ecuador

Desde este martes 12 de agosto, sube los precios de la gasolina en Ecuador, generando preocupación entre los conductores y consumidores del país.

El incremento responde a la aplicación del sistema de estabilización de precios y a la implementación del Decreto Ejecutivo 83, que modifica la fórmula para calcular los costos de los combustibles.

¿Por qué sube los precios de la gasolina en Ecuador?

El Gobierno ecuatoriano estableció un mecanismo para ajustar los precios de los combustibles de manera mensual, tomando como referencia el precio internacional del petróleo West Texas Intermediate (WTI) y aplicando límites de variación para proteger a los consumidores.

Según la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), este 12 de agosto sube los precios de la gasolina Extra y Ecopaís en 12 centavos por galón, pasando de USD 2,63 a USD 2,75.

La gasolina Súper también tendrá un ajuste, con un aumento de USD 0,09, subiendo de USD 3,48 a USD 3,57 por galón.

Este alza es parte del compromiso del Gobierno para mantener un equilibrio entre los precios internos y la fluctuación del mercado internacional, asegurando la sostenibilidad financiera del sector.

Evolución histórica de los precios de la gasolina en 2025

El año 2025 ha mostrado fluctuaciones en los precios de la gasolina, reflejando las condiciones del mercado internacional:

  • Enero: USD 2,71 por galón
  • Febrero: USD 2,77 por galón
  • Marzo: USD 2,67 por galón
  • Abril: USD 2,49 por galón
  • Mayo: USD 2,46 por galón
  • Junio: USD 2,52 por galón
  • Julio: USD 2,63 por galón
  • Agosto: USD 2,75 por galón (actual)

Esta evolución muestra la dinámica con la que se ajustan los precios y la influencia del mercado global en los costos locales.

Decreto Ejecutivo 83: la nueva fórmula para el cálculo de precios

Uno de los factores clave en el aumento de las tarifas es la implementación del Decreto Ejecutivo 83, que actualiza el Reglamento Codificado para la Regulación de los Precios de los Derivados de los Hidrocarburos.

Este decreto introduce un sistema de bandas para la fijación de precios, permitiendo variaciones mensuales de hasta el 5% tanto al alza como a la baja.

Además, redefine los márgenes para las distribuidoras y ajusta el Precio de Paridad de Importación (PPI), alineando los costos internos con los internacionales.

La portavoz del Gobierno explicó que esta reforma busca mejorar la transparencia y previsibilidad en los precios de los combustibles, evitando aumentos abruptos y permitiendo que los ajustes respondan a las condiciones reales del mercado.

Impacto económico del aumento en la gasolina

Con este ajuste, se proyecta que el Estado podría recibir aproximadamente USD 915 millones adicionales entre agosto de 2025 y diciembre de 2026.

Lo que representa un incremento de USD 404 millones frente al sistema anterior.

Para los consumidores, el aumento significa un impacto directo en los costos de transporte y en la canasta básica, debido a la relación que tiene el precio del combustible con la economía general.

Es importante destacar que el sistema de estabilización limita el aumento mensual máximo en un 5%, lo que ayuda a contener el impacto para los usuarios finales, aunque el alza seguirá siendo sensible para sectores dependientes del transporte.

¿Qué esperar en los próximos meses?

Con la vigencia del Decreto Ejecutivo 83 y el sistema de bandas, es probable que los precios de los combustibles continúen ajustándose con mayor frecuencia, reflejando las tendencias internacionales pero con límites claros para evitar picos abruptos.

Los consumidores deben prepararse para esta nueva realidad en la que la gasolina tendrá precios más dinámicos, aunque controlados, buscando un equilibrio entre la estabilidad económica del país y la protección del bolsillo ciudadano.

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