La Corte Constitucional se convierte en epicentro de tensión, y sindicatos de trabajadores marchan para frenar las reformas impulsadas por Noboa.
Este jueves 6 de agosto, sindicatos de trabajadores marchan en las calles de Quito para exigir que la Corte Constitucional derogue tres leyes impulsadas por el presidente Daniel Noboa: la Ley de Integridad Pública, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Inteligencia.
La manifestación fue convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular.
Las organizaciones aseguran que estas normativas representan un grave retroceso en derechos laborales y estabilidad del empleo público.
Exigen a la Corte Constitucional declarar inconstitucionalidad
Los líderes sindicales han solicitado que la Corte Constitucional revise de inmediato las leyes cuestionadas, al considerar que fueron aprobadas sin el debido proceso y vulneran garantías laborales consagradas en la Constitución ecuatoriana.
Edwin Bedoya, presidente en turno del FUT, denunció públicamente que existe una campaña de intimidación contra dirigentes sindicales y exigió transparencia e independencia en el fallo de la Corte.
Miles de docentes y trabajadores públicos en riesgo
Una de las principales preocupaciones de los sindicatos es que la Ley de Integridad Pública permite evaluaciones arbitrarias y despidos sin justificación clara, lo que afectaría directamente a más de 200.000 trabajadores ocasionales, incluyendo 44.000 docentes.
“El Gobierno está abriendo la puerta a despidos masivos en el sector público”, advirtió Bedoya.
Por ello, sindicatos de trabajadores marchan como respuesta a esta amenaza directa al empleo.
Gremios anuncian más movilizaciones si no hay respuesta
Durante la jornada de protesta, los sindicatos advirtieron que si la Corte Constitucional no responde con celeridad a las demandas presentadas, continuarán las movilizaciones a nivel nacional.
Además de Quito, se prevé que en los próximos días se realicen marchas en Guayaquil, Cuenca, Loja y otras ciudades del país, con el objetivo de presionar por la restitución de derechos y la derogación de las leyes impugnadas.
