La sentencia Prefecto de Chimborazo sería insuficiente y la apelarán, mientras la viceprefecta asumiría el cargo durante la suspensión.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionó al prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, con la suspensión de sus derechos de participación política por tres meses, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de proselitismo.
Sin embargo, para el abogado denunciante, Alejandro Rodas Coloma, la resolución es insuficiente y vulnera el Código de la Democracia.
Rodas calificó la sentencia como “totalmente nefasta para una democracia contemporánea y sobre todo para la institucionalidad del país”.
Esto al considerar que el juez a cargo aplicó de forma arbitraria el principio de favorabilidad y redujo la sanción.
Esto se evidencia en el artículo 278 del Código de la Democracia, donde establece que las penas por proselitismo deben ir desde seis meses hasta dos años, lo que convierte en irregular la reducción a tres meses.
“El juez ha mutilado un artículo”, enfatizó Rodas, señalando que la decisión constituye una “interpretación grosera de la norma” que termina beneficiando políticamente a Tayupanda.
Sin embargo, por una reforma hecha al Código de la Democracia, si permite minimizar justamente este tipo de infracciones electorales.
En tal sentido, es fundamental referir que el suscrito, Alejandro Rodas Coloma, hizo énfasis justamente a la pena mínima y no a cualquier otra idea que se pueda sacar de contexto.
Retraso en la sentencia del Prefecto de Chimborazo
El caso llegó incluso a la Corte Constitucional, que rechazó la consulta enviada por el juez y devolvió el expediente al TCE. Para Rodas, esa remisión representó un mecanismo de retraso.
“Creo que es importante resaltar justamente la forma un poco grosera, para decir una palabra no de muy grueso calibre, en el sentido de dilatar este proceso”, afirmó.
Según explicó, el tiempo que tomó la Corte en pronunciarse permitió al prefecto firmar contratos cuestionados. “De forma implícita, el juez, protegiéndole al señor Tayupanda, ha permitido que en estos días él pueda suscribir un contrato millonario con una empresa muy cuestionada”, denunció.
Ante la resolución, la parte acusatoria presentó un recurso de aclaración y ampliación para que el juez justifique el alcance de la sanción, y anunció que interpondrá una apelación.
Rodas insiste en que la sentencia omitió sanciones adicionales como multas económicas y disculpas públicas al pueblo de Chimborazo.
“¿Dónde está la multa? No hay multa. ¿Dónde está la disculpa pública a la ciudadanía chimboracense por usar de manera inadecuada fondos públicos? Eso es causa de peculado”, reclamó el abogado.
Rodas recordó que en otros casos el mismo tribunal ha impuesto sanciones más severas, incluso económicas, y comparó la tibieza en el fallo contra Tayupanda con la multa de USD 13.000 que él mismo recibió en otro proceso, pese a que el peritaje lo desvinculó de los hechos denunciados.
Mónica Loza, viceprefecta debería de asumir la Prefectura de Chimborazo
La sanción implica que Tayupanda quedará temporalmente impedido de ejercer funciones públicas, lo que abre la puerta a que la viceprefecta Mónica Loza asuma el cargo.
Rodas explicó que, una vez ejecutoriada la sentencia, el Tribunal Contencioso Electoral notificaría al Ministerio del Trabajo para que se le ponga la prohibición de ejercer cargo público, e inmediatamente la viceprefecta asuma el cargo de prefecta.
Aunque el prefecto todavía puede apelar la sanción, Rodas considera cuesta arriba revertir la decisión, puesto que el TCE ya dio por probadas las evidencias de proselitismo.
Finalmente, el abogado defendió la importancia de que este proceso marque un precedente en el control social. “Esto es una tibieza que yo lo califico como una cuestión burda y grosera para la ciudadanía chimboracense”, advirtió.
Rodas subrayó que la vigilancia ciudadana ha sido clave para que la denuncia prospere y sostuvo que la única sanción definitiva la ejercerá la población en las urnas.
“Ojalá el pleno del Contencioso Electoral sancione como corresponde. Y la única forma de sancionar por parte del pueblo como tal es en las urnas, no volviendo a elegir este tipo de personajes”, concluyó.
La sentencia contra Hermel Tayupanda marca un precedente en el ejercicio del control electoral en Chimborazo, aunque para Rodas aún queda un largo camino por recorrer en la búsqueda de justicia plena.
La apelación será decisiva para determinar si el TCE corrige lo que el abogado considera una sanción mínima frente a la gravedad del proselitismo comprobado.
Mientras tanto, la ciudadanía permanece expectante ante un proceso que no solo pone a prueba la institucionalidad democrática, sino también la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la confianza en sus autoridades.
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