Según el Gobierno de Daniel Noboa, se despedirá a 74.000 empleados, aunque bajo un plan técnico de depuración institucional ordenada.
El pasado 5 de agosto, diversos medios informaron que se despedirá a 74.000 empleados del sector público en Ecuador, como parte del plan de reestructuración impulsado por el Gobierno de Daniel Noboa.
Sin embargo, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, aclaró que dicha cifra no representa un despido masivo, sino una estimación de funcionarios que podrían ser desvinculados en procesos graduales y técnicamente evaluados.
Ivonne Núñez desmiente un despido masivo
Durante una rueda de prensa, la ministra Ivonne Núñez declaró que «no se trata de eliminar 74.000 empleos de forma indiscriminada».
Según la funcionaria, la cifra ha sido malinterpretada y corresponde a un análisis técnico de duplicidades, irregularidades contractuales y optimización del gasto público.
“Yo creo que no llegaremos a esa cifra. Estamos trabajando en una depuración basada en méritos, legalidad y eficiencia”, enfatizó Núñez.
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¿Qué implica la reestructuración del Estado?
Dentro del plan estructural anunciado por Noboa, se contempla una reducción del número de ministerios de 20 a 14, así como la eliminación de 6 secretarías nacionales, pasando de 9 a 3.
Esta transformación implica una revisión exhaustiva de cargos duplicados, funciones ineficientes y personal con reportes de irregularidades.
La ministra reveló que más de 40 empleados fueron identificados marcando asistencia con el celular y abandonando sus puestos antes del tiempo reglamentario.
¿Por qué se dijo que se despedirá a 74.000 empleados?
El número surgió a raíz de un informe técnico interno basado en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP).
El cual permite desvinculaciones cuando existen duplicidades funcionales o problemas administrativos.
No obstante, no es una cifra confirmada ni definitiva.
Núñez recalcó que el Gobierno no está interesado en realizar despidos masivos sin sustento, sino en una reingeniería administrativa que permita recuperar la eficiencia del Estado sin afectar injustamente a trabajadores comprometidos.
