El debate sobre eliminar el financiamiento estatal a los partidos divide a Ecuador entre la indignación ciudadana y el temor por la democracia.
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El debate sobre la pregunta del referéndum que propone eliminar el financiamiento estatal a los partidos y movimientos políticos en Ecuador ha abierto un intenso intercambio entre especialistas y ciudadanos.
El abogado de derechos humanos Sebastián Cedeño y el expresidente de la Junta Provincial Electoral de Chimborazo, Carlos Loja, coinciden en que la propuesta tiene dos lecturas: una que apela al malestar ciudadano frente al gasto público, y otra que alerta sobre riesgos para la democracia.
Entre las ventajas, ambos señalan que podría reducir el gasto estatal, hacer más eficiente el uso de los recursos públicos y responder a la indignación ciudadana ante el uso de fondos del Estado para campañas políticas.
Además, —agrega Loja—, la medida “podría incentivar la autosuficiencia y la transparencia de las organizaciones políticas”.
Sin embargo, las advertencias son más profundas.
Cedeño subraya que “la eliminación del financiamiento público debilitaría la democracia y aumentaría la dependencia hacia grupos económicos poderosos”, lo que, a su criterio, afectaría la igualdad de condiciones en las contiendas electorales.
Los expertos advierten también sobre el riesgo de incrementar el financiamiento ilícito, especialmente del narcotráfico, si no se establecen mecanismos de control más rigurosos.
Para Cedeño, la salida no está en eliminar los fondos públicos, sino en reformar el Código de la Democracia para fortalecer la institucionalidad y garantizar la transparencia.
Mientras tanto, en las calles, la opinión ciudadana está dividida.
Algunos respaldan la propuesta con entusiasmo:
“Muy bien, se les acabó el negocio a los robolucionarios”, comentó una persona que prefirió no identificarse.
Otros, en cambio, temen que la medida concentre aún más el poder político en manos de las élites económicas:
“Ahora solo los millonarios podrán gobernar el país, así no tengan estudios ni preparación. Solo quienes tienen dinero llegarán al poder para lucrar”, dijo otra ciudadana.
También existen voces que defienden una postura intermedia. Warner Alarcón, por ejemplo, considera que el cambio no necesariamente excluye a los menos favorecidos:
“No es necesario tener millones para ser candidato. Solo se necesita que el pueblo te conozca como buena persona y que sepas gestionar ayuda de tus amigos y conocidos. El dinero del Estado debe usarse para el servicio social.”
Las opiniones, tanto técnicas como ciudadanas, revelan un país dividido entre la indignación frente a la clase política y el temor a retroceder en derechos democráticos.
El referéndum, más que una consulta sobre recursos, parece haberse convertido en un plebiscito sobre la confianza en la política misma.
Revisa las preguntas del referéndum y consulta popular:
