Proyecto minero La Plata en Cotopaxi obtiene licencia ambiental. Con este aval, el plan queda habilitado para iniciar la etapa de construcción.
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El proyecto minero La Plata, ubicado entre las provincias de Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, obtuvo la licencia ambiental que le permite desarrollar las fases de explotación y beneficio.
Esto, tras la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental por parte de la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio de Energía y Ambiente.
La autorización fue emitida mediante la Resolución Nro. MAE-SUIA-LA-SCA-2025-00001, firmada el 28 de noviembre de 2025 y publicada en el Registro Oficial el 5 de febrero de 2026.
Con este aval, el proyecto queda habilitado para iniciar la etapa de construcción, a la espera de los permisos finales del Ejecutivo.
El proceso para obtener la licencia se extendió por más de dos años e incluyó evaluaciones técnicas, ambientales y legales.
El proyecto pertenece a la Compañía Minera La Plata S. A., subsidiaria de la empresa canadiense Atico Mining Corporation, y está catalogado dentro del régimen de mediana minería.
La concesión minera abarca una superficie de 2.222 hectáreas, aunque la intervención directa prevista será de 144 hectáreas.
El proyecto minero permitirá la extracción de cobre, oro, plata y zinc
El área de influencia se encuentra en las parroquias Palo Quemado y Las Pampas, del cantón Sigchos (Cotopaxi), así como en la parroquia Alluriquín, cantón Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas).
El proyecto contempla la extracción de cobre, además de oro, plata y zinc. Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), la vida útil del proyecto se estima en ocho años.
La construcción de la mina está prevista para el tercer trimestre de 2026, mientras que el inicio de la producción se proyecta para el cuarto trimestre de 2027.
En materia de inversión, entre 2012 y 2024 el proyecto acumuló alrededor de USD 30 millones. Para 2025 se planificó una inversión de USD 900.000, pero hasta el tercer trimestre se ejecutaron 1,33 millones.
La inversión total estimada alcanza al menos USD 200 millones, y el proyecto forma parte de los siete proyectos mineros estratégicos previstos hasta 2030.
En el ámbito laboral, hasta septiembre de 2025 se registraron 372 empleos generados, de los cuales 93 son directos y 279 indirectos, de acuerdo con cifras oficiales.
Rechazo de organizaciones sociales e indígenas
La entrega de la licencia ambiental generó una inmediata reacción de organizaciones indígenas, campesinas y ambientales.
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), la Conaie y el Frente Nacional Antiminero cuestionaron el proceso de consulta ambiental, al que calificaron de irregular.
En un pronunciamiento público, el Frente Nacional Antiminero señaló que el proyecto representaría un riesgo para la producción de panela orgánica, una de las principales actividades económicas de la zona.
Las organizaciones anunciaron que impulsarán acciones legales y medidas de hecho para impugnar la decisión y frenar el avance del proyecto.
