Un informe de la Contraloría determina indicios de peculado y un perjuicio económico de USD 2,35 millones en el proyecto Maguazo – Alao en Riobamba.
Un informe de la Contraloría General del Estado, conocido desde noviembre de 2025, establece indicios de responsabilidad penal por el presunto delito de peculado.
En el proyecto de agua potable Maguazo, en el que estarían involucrados funcionarios del Municipio de Riobamba y la empresa contratista.
José Luis Díaz, abogado de la Comisión Nacional Anticorrupción, explicó que la auditoría fue impulsada por la Comisión, con apoyo de la asambleísta Carmen Tiupul.
Impusieron una denuncia directamente ante el contralor general en la ciudad de Quito.
Díaz aclaró que el informe no es reciente, aunque su difusión pública se dio meses después de haber sido conocido por los denunciantes.
Falta de fiscalización municipal
“Los concejales no han hecho absolutamente nada en el caso Maguazo. No fiscalizaron, no debatieron el tema en el Concejo Municipal ni informaron a la ciudadanía. Se enteraron de la existencia del informe de forma coincidencial”, sostuvo Díaz.
Según el abogado, el informe establece indicios de peculado que podrían alcanzar a autoridades municipales actuales y de administraciones pasadas, en su calidad de representantes legales del municipio, así como a la empresa contratista.
Glosa del proyecto Maguazo-Alao por más de USD 2.3 millones
El documento de la Contraloría determina responsabilidades administrativas que derivan en glosas económicas que deberán ser restituidos al Estado por los responsables, de acuerdo con su grado de participación.
De acuerdo con el informe de Contraloría, el perjuicio económico para la entidad asciende a USD 2.352.603,95, valor que fue establecido como glosa administrativa dentro del proceso de auditoría.
En el mismo sentido, Díaz enfatizó que lo más grave es la posible apertura de procesos penales, actualmente bajo análisis de la Fiscalía General del Estado en la provincia de Cañar.
Díaz señaló que, a su criterio, el alcalde de Riobamba, John Vinueza Salinas, tendría una responsabilidad directa por no haber terminado unilateralmente el contrato del proyecto Maguazo.
La obra debía entregarse hace más de ocho años.
Pagos sin cumplimiento contractual
Indicó que, aunque el Municipio de Riobamba pagó la totalidad del contrato, con una inversión que bordea entre 33 y 44 millones de dólares.
La empresa contratista no cumplió con la entrega de los rubros establecidos.
Entre ellos, mencionó:
- dotación comprometida de 500 litros por segundo de agua potable,
- sistemas de automatización y control tecnológico,
- infraestructura operativa
Como estos se debían entregar más de 160 rubros técnicos, que incluso llegarían a 1.200 ítems contractuales.
De acuerdo con Díaz, durante la administración municipal:
- autorizaron pagos a una empresa que no cumplió con el contrato,
- permitieron la caducidad de las pólizas de fiel cumplimiento y de buen uso del anticipo
Al no efectivizar las pólizas habría impedido ejecutar garantías para recuperar los recursos públicos entregados.
Díaz añadió que no existen actas de entrega provisional ni definitiva, por lo que la obra no ha sido legal ni técnicamente recibida.
No obstante, desde el Municipio han difundido públicamente que el proyecto estaría concluido y en funcionamiento, lo cual —afirmó— no corresponde a la realidad.
Convenio para la operación del proyecto de agua potable
El 28 de enero de 2026, el alcalde John Vinueza y la gerente de Riobamba EP, Silvana Vásquez, firmaron un convenio.
Con dicho documento anunciaron la continuidad del servicio de agua potable y se informó que, desde el 13 de febrero, Riobamba EP asumiría la operación del sistema Maguazo–Alao.
En contraste, Díaz cuestionó que el alcalde haya intentado delegar la responsabilidad del proyecto a la empresa de agua potable.
Desde su criterio jurídico, esto no sería procedente mientras el contrato original no esté terminado ni liquidado.
Finalmente, reiteró que la Fiscalía General del Estado tiene la última palabra y que, de confirmarse el delito de peculado, podrían ser procesados penalmente autoridades actuales y anteriores, así como administradores y fiscalizadores del contrato.
Preguntas frecuentes sobre el proyecto Maguazo – Alao
¿Qué es el proyecto Maguazo – Alao?
Es un proyecto de agua potable destinado a abastecer a Riobamba, ejecutado por el Municipio con una empresa contratista privada.
¿Cuál es el monto del perjuicio económico determinado por la Contraloría?
La Contraloría General del Estado estableció un perjuicio económico de USD 2.352.603,95, registrado como glosa administrativa.
¿Quiénes podrían tener responsabilidad penal?
Según el informe, podrían estar involucradas autoridades municipales actuales y anteriores, así como la empresa contratista, administradores y fiscalizadores del contrato.
¿El proyecto Maguazo – Alao está terminado?
De acuerdo con el abogado denunciante, no existen actas de entrega provisional ni definitiva, por lo que la obra no habría sido legal ni técnicamente recibida.
¿Qué entidad investiga el posible delito de peculado?
La Fiscalía General del Estado es la encargada de analizar el caso y determinar si se configuran responsabilidades penales.
