Preso guía penitenciario de la cárcel de Riobamba. Metió droga y celulares cuando él debía evitar que eso pase, y lo atrapó la Policía Nacional
La mañana del jueves 14 de marzo de 2024, el aire en el Centro de Privación de Libertad de Chimborazo parecía rutinario, normal, el de siempre…
Pero… algo en la mirada del guía penitenciario Carlos Gerardo H. S. rompía la normalidad del turno.
Ello porque evitó el registro corporal del primer anillo de seguridad controlado por la Policía Nacional, y su nerviosismo fue tan visible como el uniforme que vestía con supuesto orgullo institucional.
Caminó hacia su vehículo, que estaba estacionado fuera del centro penitenciario, intentando ocultar un paquete, un sencillo paquete que luego marcaría su vida…
Y eso pasaba mientras los agentes observaban con atención cada gesto, cada pausa, cada movimiento que delataba una decisión que cambiaría su rutina por un largo tiempo.
Al inspeccionar el automotor, los Caballeros de la Paz hallaron una funda plástica transparente con 210 gramos de pasta base de cocaína, además de 3 teléfonos celulares y dinero en efectivo sin justificación.
Preso guía penitenciario por profanar el recinto que debía cuidar
La escena, breve y contundente, marcó el inicio de un proceso judicial que desnudó las fisuras del sistema penitenciario ecuatoriano.
El servidor público fue aprehendido en delito flagrante y trasladado a órdenes de las autoridades judiciales, bajo custodia policial y con apoyo del Ecu 911 para garantizar la cadena de custodia del procedimiento.
La Fiscalía General del Estado en Chimborazo asumió el caso a través de su unidad especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), exponiendo los hechos durante la audiencia de juicio.
Las investigaciones revelaron el contexto del tráfico de drogas en cárceles de Ecuador, un fenómeno silencioso que erosiona la seguridad penitenciaria y compromete la confianza pública en las instituciones judiciales.
La conducta fue tipificada en el artículo 220, numeral 1, literal c), del Código Orgánico Integral Penal, considerado delito en alta escala según los parámetros vigentes durante la fase de juzgamiento.
Antes de la reforma de julio de 2024, esta infracción se sancionaba con penas de 5 a 7 años, pero las reformas endurecieron el castigo por el impacto del narcotráfico en el sistema carcelario nacional.
La cárcel de Riobamba fue su lugar de trabajo, hoy es su hogar
FGE presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales, incluyendo el parte de aprehensión, informes policiales, actas de pesaje y pruebas preliminares homologadas realizadas por la unidad Antinarcóticos especializada.
También se incorporaron las versiones del procesado, fotografías del procedimiento, informes periciales y evidencias ingresadas bajo cadena de custodia, consolidando una acusación sólida frente al Tribunal de Garantías Penales.
Durante el proceso, se demostró la autoría directa del acusado, y el Tribunal consideró como agravante que aprovechó su condición de servidor público para cometer el delito.
Esta circunstancia reflejó la ruptura del deber institucional y el uso indebido del cargo, afectando la credibilidad del sistema penitenciario y la seguridad interna del centro carcelario de Chimborazo.
Finalmente, los magistrados impusieron una sentencia de 9 años y 4 meses de privación de libertad, más una multa equivalente a 600 salarios básicos unificados.
Irónicamente, la condena implica que Carlos Gerardo H. S. pasará casi una década en la cárcel de Riobamba, el mismo espacio donde antes ejercía funciones de custodia y control penitenciario institucional.
Acción contundente de Policía Nacional, Fiscalía y la Justicia
El caso expone las fisuras del sistema carcelario, donde el poder, la corrupción y el miedo conviven, mientras las autoridades intentan reforzar los controles con apoyo del Ejército Ecuatoriano y el Ministerio del Interior.
En los pasillos de la prisión, la historia del guía penitenciario condenado se convirtió en advertencia para otros funcionarios, recordando que la ley también alcanza a quienes custodian las rejas del encierro humano.
La narrativa judicial describe una caída silenciosa, un hombre que cruzó la línea entre custodiar y traficar, entre el uniforme y la tentación, entre el deber y la ilegalidad con consecuencias irreversibles.
Las autoridades señalaron que continuarán los controles y auditorías internas para evitar que el narcotráfico infiltre nuevamente los centros penitenciarios del país.
En Riobamba, la sentencia resuena como un eco moral, una advertencia escrita en expedientes judiciales y en la memoria colectiva de una ciudad que observa con inquietud el destino de sus cárceles.
Resuelve tus dudas
¿Qué droga fue encontrada en el vehículo del guía penitenciario?
Las autoridades hallaron 210 gramos de cocaína, además de 3 teléfonos celulares y dinero en efectivo, evidencias determinantes para sustentar la acusación penal presentada en su contra.
¿Quién lideró la investigación y acusación judicial?
El proceso fue liderado por la Fiscalía General del Estado en Chimborazo, a través de la unidad especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional durante la fase de juicio.
¿Cuál fue la pena impuesta por el tribunal?
El Tribunal de Garantías Penales dictó 9 años y 4 meses de prisión, además de una multa equivalente a 600 salarios básicos unificados contra Carlos Gerardo H. S.
¿Por qué se consideró un delito agravado?
El delito se agravó porque el acusado aprovechó su cargo como servidor público, lo que incrementó la sanción según el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano vigente.
¿Qué impacto deja este caso en el sistema penitenciario?
El caso expone debilidades institucionales y refuerza la necesidad de controles internos estrictos para evitar que el narcotráfico infiltre las cárceles y corrompa a funcionarios públicos.
