Prefectura de Chimborazo enfrentó un juicio contra un obrero con el 45% de discapacidad, revelando abusos de poder e irregularidades.
La Inspectoría de Trabajo de Chimborazo resolvió el archivo inmediato de un proceso disciplinario que pretendía desvincular a Carlos Tanqueño, un obrero de 50 años con el 45% de discapacidad intelectual que labora en la Prefectura de Chimborazo.
El caso, que salió a la luz tras la defensa presentada por el abogado José Luis Díaz, evidenció presuntas irregularidades en la actuación institucional y marcó un precedente en la protección de los derechos laborales de las personas en condición de vulnerabilidad.
Tanqueño, quien contaba con nombramiento definitivo como ayudante de equipo caminero, fue trasladado sin explicación a los talleres del Consejo Provincial.
Allí no recibió funciones claras y únicamente se le entregó una llave para abrir los talleres.
En ese contexto, un compañero le pidió entregar dos llantas usadas como repuesto para un tráiler institucional, sin orden formal de por medio.
Al negarse por no contar con autorización, fue presionado con la promesa de recibir la orden más tarde. El hecho derivó en un proceso administrativo en su contra.
“El Consejo Provincial emplea toda su estructura para perseguir a este humilde obrero. Y le imputan una falta que es una causal de despido definitivo del Consejo Provincial”, denunció Díaz.
Prefectura de Chimborazo buscó desvincular a un obrero con discapacidad
El abogado sostuvo que desde el inicio el procedimiento estuvo marcado por vulneraciones al debido proceso.
A Tanqueño no se le permitió presentar pruebas ni ejercer plenamente su derecho a la defensa. “La consigna era sacarle al trabajador y botarle como un perrito a la calle”, afirmó.
La Prefectura remitió el caso a la Inspectoría de Trabajo, pidiendo su desvinculación definitiva. En la audiencia, realizada el 1 de septiembre de 2025, se enfrentaron los argumentos de la institución y de la defensa.
Díaz insistió en que el proceso era irregular y violatorio de derechos constitucionales, mientras que la Inspectoría coincidió con esta visión y dispuso el archivo del expediente, ordenando la inmediata reincorporación del obrero.
La resolución fue interpretada por la defensa como una victoria de la justicia laboral frente a intentos de abuso de autoridad.
“Se ha hecho justicia, se ha demostrado que el poder siempre tiene límites, que una autoridad no puede sobreponerse al marco legal y constitucional ecuatoriano”, enfatizó el abogado.
Díaz también cuestionó directamente la conducta del prefecto Hermel Tayupanda, a quien responsabilizó del proceder institucional.
“Hasta es un comportamiento inhumano, insensible de parte del prefecto y su órgano persecutor interno para poder votarle a un humilde trabajador”, criticó.
Tras la resolución, Tanqueño fue reintegrado a los talleres de la Prefectura, donde deberá recibir una inducción formal sobre sus responsabilidades, algo que antes no se cumplió.
La Inspectoría recordó a la institución la obligación de garantizar condiciones laborales dignas y respetuosas de la Constitución.
Sin embargo, Díaz advirtió que el riesgo de hostigamiento laboral sigue presente.
Subrayó que la figura del acoso laboral está reconocida en la normativa ecuatoriana para proteger a los trabajadores más vulnerables y que su equipo se mantendrá vigilante frente a posibles nuevos atropellos.
El caso de Tanqueño se convirtió en un precedente en Chimborazo. No solo reivindica los derechos de un trabajador con discapacidad, sino que también envía un mensaje a las autoridades locales sobre los límites de su poder.
“Con la misma vara que mides serás medido, dice un dicho prefecto Tayupanda”, recordó Díaz al concluir su intervención.
El desenlace expone que ninguna autoridad, por más jerarquía que tenga, puede pasar por encima de la Constitución ni de los derechos fundamentales de los trabajadores.
