Prefectura de Chimborazo enfrenta demanda por presuntamente usar terrenos sin expropiación legal para la construcción de vía La República.
El proceso de construcción de la Vía La República, ejecutado por la Prefectura de Chimborazo, enfrenta cuestionamientos legales por presuntas omisiones en el procedimiento de expropiación de terrenos. Los mismos que ahora se debaten en una demanda.
Aproximadamente, veinte familias aseguran ser las afectadas, por lo que consideran una vulneración a su derecho a la propiedad.
Según Darwin Castillo, abogado de los demandantes, la obra fue ejecutada sin cumplir con los pasos legales establecidos.
“No se declaró la utilidad pública, no se realizó una negociación formal y no se pagó un justo precio por los predios utilizados”, señaló durante una entrevista en “La Palanketa” de Diario La Prensa.
El terreno afectado tendría una extensión de 12.500 m², de los cuales 5.000 m² fueron utilizados para la construcción de la vía.
La acción de protección fue presentada en mayo de 2024 ante la Unidad Judicial Multicompetente de Guano, con el objetivo de que se reconozca la presunta vulneración al derecho constitucional de propiedad.
Sin embargo, hasta el 19 de junio del 2025 no se ha podido llegar a un dictamen final.
Castillo aclaró que la demanda no busca una reparación económica inmediata, sino el reconocimiento judicial de que existió una violación de derechos.
“Las acciones de protección no establecen pagos, solo tutelan derechos. Si se determina un perjuicio económico, el caso debe pasar al Tribunal Contencioso Administrativo en Ambato”, explicó.
Proceso de la demanda contra la Prefectura de Chimborazo
En el desarrollo del proceso se han presentado retrasos. Según Castillo, la última audiencia del 13 de mayo, fue suspendida por la inasistencia del prefecto Hermel Tayupanda y su defensa, lo que motivó una sanción económica a los representantes legales de la Prefectura.
La jueza habría dispuesto una multa del 50% de un salario básico unificado por la falta de comparecencia.
El abogado también mencionó que la falta de resolución ha generado preocupación en los afectados.
“Llevamos más de un año esperando una decisión judicial. La audiencia fue diferida, y aún no se establece una nueva fecha para conocer el fallo”, indicó.
Otro punto que ha generado debate es la supuesta existencia de represalias administrativas dentro de la Prefectura.
Castillo aseguró que al menos 10 funcionarios habrían sido cesados o trasladados como consecuencia de su vinculación directa o indirecta con el caso. Aunque no se ha presentado evidencia oficial que confirme esta relación.
El caso de la Vía La República se mantiene abierto. Se prevé que más personas podrían sumarse a nuevas acciones legales por circunstancias similares, según anticipó la defensa.
Hasta la fecha, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del prefecto Hermel Tayupanda respecto al fondo del conflicto.
Diario La Prensa reitera la invitación a la autoridad provincial para exponer su versión y garantizar el derecho a la información y al contraste.
