Prefectura de Chimborazo inició proceso en el que 61 funcionarios fueron despedidos, generando debate sobre ahorro real o reacomodo político.
La Prefectura de Chimborazo inició un proceso administrativo de nuevos despidos que involucra a decenas de trabajadores de la institución.
La medida, formalizada a través de acciones de personal suscritas presuntamente por el Director General Administrativo y el Coordinador de Talento Humano, marca el comienzo de una reestructuración laboral que ha generado debate interno y expectativa política.
El martes 12 de agosto, el GADPCH notificó el inicio de las desvinculaciones, amparándose en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y en la Ley de Integridad Pública, junto con sus reglamentos.
Estas normativas habilitan la supresión de puestos cuando se busca optimizar recursos, reorganizar estructuras o evitar duplicidad de funciones en el sector público.
De acuerdo con versiones de empleados de la entidad, este primer bloque alcanzaría a 61 funcionarios que, presuntamente, habrían ingresado durante la administración del ex prefecto Juan Pablo Cruz.
Aunque aún no existe un pronunciamiento oficial que confirme esta motivación, las coincidencias entre los nombres y el periodo de ingreso han alimentado las presunciones.
¿Por qué habrían despedido a los funcionarios de la Prefectura de Chimborazo?
El procedimiento de desvinculación contempla la notificación a los afectados, la emisión de las acciones de personal y la entrega de la documentación correspondiente.
Quienes reciban la notificación tienen derecho a interponer recursos administrativos o acudir a la vía judicial si consideran vulnerados sus derechos laborales.
La LOSEP, en sus disposiciones, establece que la cesación de funciones debe respetar los plazos, las motivaciones debidamente justificadas y, de ser el caso, las indemnizaciones correspondientes.
La Ley de Integridad Pública, por su parte, busca transparentar la gestión de los recursos humanos en las instituciones estatales, evitando contrataciones indebidas o con fines políticos.
En esta primera fase, constan nombres como Juan Carlos A., Sandra X. A., Alexandra F. A., Xavier Francisco A., Carlos Olmedo A., Delia Liliana B., Marcela Paulina B., Mario Enrique B., María Eugenia B., Daniela Estefanía C., Jhony Federico C., Anita Auxiliadora C., Darwin Iván C., Mario Robinson C.,
Gloria Carmen C., María Luisa C., Ana Karina C., Ronald Estivens C., Pedro Francisco C., Grace Adriana C., Erika Cenovia C., Santiago Orlando C., Jennyffer Liliana C., Jaime Juan C., Edgar Armando D., Juan Carlos E., José Antonio E., Joselyn Lizbeth P., Lizbeth Carina Q., Luis Edison Q., Alexis Aracely R.,
Omar Washington R., Irvin Rodrigo S., María Belén S., Gabriela Alexandra S., Mercedes Soledad T., Nahin Remigio U., César Edison V., Juan Bernardo Z., Álvaro Andrés F., Yanina Noe G., Gustavo Antonio G., Adriana Berzabeth G., Ana Gabriela G., Nelson Roberto G., Alexandra Yhadira G.,
Dolores Margoth G., Alejandro G., Mónica Elizabeth H., María Soledad H., Iveth Jenny H., Pablo David L., Bryan Sebastián L., María José M., Eduardo Marcelo M., Héctor Oswaldo M., Ronnie Marcelo M., Silvia del Carmen M., Erika Patricia M., Lady Maribel M., Rosa Elvira M., Fernando Fabricio O., Alex Arturo O., Marco Vinicio P. y Segundo Félix P.
Debate político y fiscalización en la Prefectura de Chimborazo
La medida no ha pasado desapercibida en el escenario político provincial. Varios consejeros deberán fiscalizar el proceso para determinar si la decisión se justifica en un verdadero ahorro de recursos o si responde a una reconfiguración de puestos.
El debate se centra en dos posturas: mientras un sector considera que el recorte busca transparentar la gestión y reducir cargas innecesarias para el presupuesto, otro teme que se trate de una estrategia de desplazamiento político-administrativo, práctica común en cambios de administración pública.
El pleno del Consejo Provincial deberá analizar en las siguientes semanas la legalidad y pertinencia del proceso, revisando si se cumplieron los requisitos de ley y si el impacto económico beneficia a la provincia. Paralelamente, algunos trabajadores estarían evaluando acciones legales.
La decisión abre un nuevo capítulo en la gestión del GADPCH, en el que convergen la aplicación de la normativa pública, la reorganización institucional y las presunciones de interés político.
