El Prefecto de Chimborazo sigue en funciones pese a la sanción y un certificado del Ministerio del Trabajo. El TCE llamó a una nueva audiencia.
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El prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, enfrenta una sanción firme del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que el pasado 23 de septiembre de 2025 ratificó en segunda instancia la suspensión de sus derechos políticos y de participación por 90 días.
Esta sanción al confirmarse que incurrió en una infracción electoral grave al inducir al voto durante el ejercicio de sus funciones.
Según el organismo, este comportamiento constituye una infracción grave de proselitismo político, tipificada en el artículo 278, numeral 2 del Código de la Democracia.
La resolución fue aprobada por unanimidad y, en cumplimiento de la normativa, debía ejecutarse de manera inmediata desde este 02 de octubre.
El TCE estableció que Tayupanda vulneró el principio de equidad democrática y con ello infringió el artículo 61 de la Constitución, que determina que la suspensión de derechos políticos inhabilita automáticamente a cualquier persona para ejercer un cargo de elección popular.
Por esta razón, el TCE llama a una audiencia el 07 de octubre del 2025 a las 15:00 para revisar el cumplimiento de su sentencia.
¿Qué pasa con el Prefecto de Chimborazo y sus funciones en la prefectura?
De acuerdo con Alejandro Rodas, abogado que promovió el proceso sancionatorio, el prefecto debía apartarse del despacho provincial y encargar de manera temporal la administración a la viceprefecta, Móniza Loza.
Esta disposición, explicó, está prevista en el artículo 319 del Código de la Democracia, que regula las sanciones aplicables a dignidades electas.
Sin embargo, la misma tarde del 2 de septiembre, el Ministerio del Trabajo emitió un certificado que, lejos de clarificar la situación, profundizó la controversia.
El documento reconoce la suspensión de los derechos de participación de Tayupanda, pero añade que no existe prohibición expresa para ejercer un cargo público.
Esta interpretación, calificada por expertos como un “salvavidas administrativo”, le permitió mantenerse en funciones a pesar de la sentencia firme del TCE.
El certificado incluyó además un párrafo clave: “Es responsabilidad exclusiva y privativa de las Unidades de Administración del Talento Humano institucionales analizar y verificar si los registros reportados constituyen impedimentos legales para ejercer cargos, puestos, funciones o dignidades en las entidades públicas (…)”.
En otras palabras, la decisión final en el caso de Chimborazo recaía en el Concejo Provincial, y no en el Ministerio del Trabajo.
Para Rodas, esta actuación constituye una flagrante contradicción: “Aquí lo que existe es una complicidad grosera, ilegal, espuria del Ministerio del Trabajo”, denunció con dureza.
En su criterio, el certificado carece de efecto vinculante y, por el contrario, se convierte en una pieza clave para demostrar un eventual incumplimiento de sentencia constitucional.
Rodas advierte que Tayupanda continúa acudiendo a su despacho y firmando documentos oficiales: “El señor Tayupanda (…) va de manera soberbia y deliberada a la prefectura a firmar documentos (…) eso no puede hacer. Se llama incumplimiento de sentencia”.
El abogado recordó además su propia experiencia: cuando fue sancionado con suspensión de derechos políticos en la Universidad Central del Ecuador, fue separado inmediatamente de su cargo sin excepción.
“¿Por qué conmigo sí? ¿Y por qué con el señor Tayupanda no?”, cuestionó, denunciando un trato desigual y discrecional en la aplicación de la norma.
El escenario plantea riesgos jurídicos y políticos de alto impacto.
Si Tayupanda continúa firmando resoluciones, contratos o disponiendo de recursos públicos, podría ser acusado de usurpación de funciones, delito tipificado en el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Además, al no delegar temporalmente el cargo a la viceprefecta, Chimborazo queda expuesto a un vacío legal que pone en duda la validez de los actos administrativos.
Situación actual
Las implicaciones podrían incluso trascender al plano internacional. El certificado ministerial, utilizado como sustento de la permanencia de Tayupanda, sería presentado como evidencia de una actuación estatal irregular ante instancias externas.
Rodas fue más allá al señalar que detrás del pronunciamiento del Ministerio del Trabajo podrían existir presiones partidistas: “Detrás de este certificado hay intereses de color verde”, afirmó, insinuando que la permanencia del prefecto responde a cálculos políticos.
Hoy, Chimborazo enfrenta un escenario inédito: un prefecto con sentencia firme de suspensión que se mantiene en el cargo gracias a un documento administrativo.
Los próximos meses serán decisivos para establecer si prevalece la resolución del TCE o si, como advierten los demandantes, se concreta un caso de impunidad que marcaría un grave precedente en la democracia ecuatoriana.
