Patricia Núñez analiza la ley de urgencia económica para los GAD y advierte una posible reducción de presupuesto para municipios y prefecturas.
La asambleísta de Chimborazo por la Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, expuso observaciones técnicas y políticas a la ley de urgencia económica para los GAD.
Dicha ley urgente de Daniel Noboa, actualmente en trámite en la Asamblea Nacional, y Núñez admite que que la normativa implicaría una reducción significativa de recursos para municipios, prefecturas y juntas parroquiales a nivel nacional.
Patricia Núñez sostuvo que la propuesta, calificada por el Consejo de Administración Legislativa y enviada a la Comisión de Desarrollo Económico, no cumpliría con los principios de urgencia ni constitucionalidad.
“Esta ley es una ley que no tiene nada de constitucional y tampoco tiene nada de urgente”, afirmó.
Patricia Núñez
¿Qué plantea la ley de urgencia económica para los GADs?
Según explicó la legisladora, la ley establece sanciones presupuestarias para los Gobiernos Autónomos Descentralizados que no cumplan estrictamente la regla del 70 % de gasto en inversión y 30 % en gasto corriente, una disposición ya contemplada en la Constitución.
Sin embargo, el nuevo proyecto redefine qué rubros pueden considerarse inversión, lo que —a criterio de Núñez— haría casi imposible cumplir la regla sin afectar la operatividad de los GAD.
Actualmente, los GAD reciben recursos del Presupuesto General del Estado bajo dos componentes principales. De no cumplir la regla 70-30, la ley permitiría reducir esos porcentajes, generando un recorte directo de fondos.
Reducción de presupuesto para municipios y prefecturas según Patricia Núñez
De acuerdo con la información presentada por Núñez, la aplicación de la ley de urgencia económica para los GAD provocaría la siguiente reducción presupuestaria a nivel nacional:
- Juntas parroquiales: disminución aproximada de USD 57 millones.
- Municipios: reducción estimada de USD 649 millones.
- Consejos provinciales: recorte cercano a USD 261 millones.
En total, la afectación alcanzaría alrededor de USD 1.000 millones. La asambleísta advirtió que esta reducción impactaría directamente en proyectos de inversión que incluyen contratación de personal técnico, estudios, programas de salud, educación, obras viales y sistemas de agua potable.
Además, alertó que el Gobierno mantiene una deuda superior a USD 1.000 millones con los GAD, de los cuales USD 28 millones corresponden a Chimborazo.
“Lo que van a hacer es simplemente alicuar esta deuda”, sostuvo.
Patricia Núñez
¿Qué hará Patricia Núñez frente a la Ley de urgencia económica?
Frente a este escenario, Núñez anunció que, junto con la bancada de la Revolución Ciudadana, impulsará varias acciones legislativas y jurídicas:
- Elaboración de un informe de minoría durante el trámite del proyecto.
- Promoción del archivo de la ley en el debate legislativo.
- Presentación de una acción pública de inconstitucionalidad, una vez aprobada la norma, al considerar que vulnera la autonomía financiera de los GAD.
La asambleísta señaló que continuará convocando a gobiernos locales y autoridades para que expongan su postura, al advertir que los efectos de la ley recaerían principalmente sobre los GAD más pequeños y, de forma directa, sobre la ciudadanía.
