Daniel Noboa ratifica conflicto armado interno en Ecuador con Ley de Solidaridad; decreto busca identificar grupos armados organizados.
El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo 55 para ratificar la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador, con base en la recién aprobada Ley Orgánica de Solidaridad Nacional.
La medida se oficializó el 16 de julio, un día después de que se expidiera el reglamento general para la aplicación de esta norma.
El decreto establece que persisten en el país grupos armados organizados que cumplen los criterios señalados en el artículo 7 de la Ley de Solidaridad: estructura organizada y uso sostenido de la violencia. Estos elementos se enmarcan en lo establecido por el Derecho Internacional Humanitario.
Contenido del decreto de la Ley de Solidaridad
El Decreto 55 incluye tres artículos, cuatro disposiciones generales y una cláusula derogatoria. Entre sus disposiciones más relevantes:
- El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) debe actualizar de forma periódica la identificación de los grupos armados involucrados en el conflicto.
- También deberá emitir lineamientos técnicos sobre la desclasificación o reclasificación de la información relativa a estos grupos, para garantizar el acceso de las autoridades competentes.
La ley considera grupo armado organizado a toda estructura de tres o más personas con jerarquía y capacidad de ejercer violencia sostenida contra el Estado, la población o bienes civiles.
Además, faculta a las instituciones de seguridad a generar inteligencia y contrainteligencia para la identificación de amenazas y blancos de alto valor.
Alcance de la Ley de Solidaridad
La Ley de Solidaridad contempla:
- La posibilidad de un indulto presidencial diferido para policías y militares que actúen dentro del contexto del conflicto.
- La prisión preventiva obligatoria para delitos relacionados con el crimen organizado.
- Un marco legal que permite justificar el uso ampliado de la fuerza y la información reservada.
Esta norma fue aprobada por la Asamblea Nacional y su reglamento general fue emitido el 15 de julio de 2025. Según el Ejecutivo, su aplicación permite un enfoque integral frente a la violencia organizada.
La figura de conflicto armado interno ha sido utilizada por el Gobierno desde enero de 2024, pero ha recibido observaciones por parte de la Corte Constitucional, que ha rechazado decretos de estado de excepción sustentados en este argumento.
