Noboa pedirá a GADs a invertir 70% del presupuesto en obras públicas
Noboa pedirá a GADs a invertir 70% de su presupuesto en obras públicas mediante un proyecto de ley económico urgente.
El presidente Daniel Noboa enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económico urgente con el que busca transformar la forma en que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) administran sus recursos.
La propuesta establece que Noboa pedirá a GADs a invertir 70% de su presupuesto institucional anual en obras públicas, infraestructura y servicios básicos.
Con el objetivo de priorizar la inversión frente al gasto corriente.
La iniciativa surge en un contexto en el que el Gobierno central ha identificado bajos niveles de inversión real en obra pública por parte de municipios, prefecturas y juntas parroquiales, pese a las constantes transferencias de recursos desde el Estado.
¿Qué propone la reforma impulsada por Noboa?
El proyecto plantea una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), incorporando una regla fiscal obligatoria para los gobiernos locales.
Según el texto, los GADs deberán destinar un mínimo del 70% de su presupuesto no financiero a inversión en construcción, mantenimiento y reposición de infraestructura, así como a la provisión de servicios públicos.
La aplicación de la medida será progresiva.
En 2027, el porcentaje mínimo será del 60%; en 2028 subirá al 65%; y desde 2029 alcanzará el 70%.
Para las juntas parroquiales rurales, el plazo se extenderá hasta el año 2030, considerando su menor capacidad administrativa y financiera.
Control del gasto y sanciones por incumplimiento
Uno de los ejes centrales del proyecto es el control del uso de los recursos públicos.
El Ministerio de Economía y Finanzas será el encargado de verificar trimestralmente el cumplimiento de la regla de inversión por parte de los GADs.
En caso de incumplimiento, los gobiernos locales recibirán únicamente el monto mínimo constitucional de asignaciones, perdiendo el acceso a recursos adicionales.
Con esta medida, el Ejecutivo busca desincentivar el gasto administrativo excesivo y garantizar que los fondos públicos se traduzcan en obras visibles para la ciudadanía.
Además, el proyecto incluye mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento, que permitirán a la Contraloría y a la ciudadanía fiscalizar cómo se ejecutan los presupuestos locales.
¿Cómo impactará la medida en la planificación y ejecución de obras?
La propuesta con la que Noboa pedirá a GADs a invertir 70% del presupuesto obligará a los gobiernos locales a replantear su planificación anual, priorizando proyectos de alto impacto social sobre gastos administrativos.
Municipios y prefecturas deberán fortalecer sus unidades técnicas, mejorar los procesos de contratación pública y acelerar la ejecución de obras para cumplir con la regla fiscal.
El Ejecutivo sostiene que este cambio permitirá reducir la subejecución presupuestaria, mejorar la calidad de los servicios y garantizar que los recursos transferidos por el Estado se conviertan en infraestructura tangible para la ciudadanía.
Impacto en municipios y prefecturas
Datos oficiales indican que, en los últimos años, varios gobiernos locales han destinado menos del 50% de su presupuesto a inversión, priorizando sueldos, consultorías y gastos operativos.
Con esta reforma, el Ejecutivo pretende reorientar el modelo de gestión local, enfocándolo en resultados concretos como vialidad, agua potable, saneamiento y mantenimiento de espacios públicos.
Desde el Gobierno se sostiene que la medida no afecta la autonomía de los GADs, sino que establece criterios mínimos de eficiencia en el uso de recursos públicos transferidos por el Estado.
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Trámite legislativo y plazos
Al tratarse de un proyecto económico urgente, la Asamblea Nacional dispone de 30 días para debatir, modificar o aprobar la iniciativa.
El proyecto deberá ser calificado previamente por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) antes de pasar al primer debate.
Si la ley es aprobada, marcaría un cambio estructural en la gestión del presupuesto local en Ecuador, obligando a los gobiernos seccionales a priorizar obras públicas y servicios frente al gasto corriente.
