Niños juzgados como adultos con más años de cárcel por delitos, es la propuesta de ley para endurecer las sanciones a menores de edad.
Los niños, niñas y adolescentes los juzgaran como adultos con más años de cárcel por delitos, es la propuesta de ley para endurecer las sanciones a menores de edad.
Mientras el presidente Daniel Noboa envía un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Nacional enfocado en garantizar la transparencia de los procesos de contratación pública, otro debate se enciende en el Legislativo: la propuesta de sancionar penalmente a los adolescentes como si fueran adultos.
La iniciativa la presentó el asambleísta Andrés Castillo, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), quien es uno de los principales promotores de la reforma.
Castillo propone que los adolescentes que cometan delitos sancionados con más de 10 años de prisión los condenen igual a una pena que un adulto.
Además, plantea que estos jóvenes cumplan su primera etapa de condena en centros para adolescentes y luego los trasladen a cárceles de adultos al alcanzar la mayoría de edad.
Este planteamiento ha provocado críticas de juristas, expertos en derechos humanos y constitucionalistas, quienes advierten que va en contra de la Constitución del Ecuador, del Código de la Niñez y Adolescencia, y de los tratados internacionales que el país ha ratificado.
El discurso oficialista: “Cerrar la puerta a la mafia”
Castillo justifica la reforma alegando que no busca atacar los derechos de los jóvenes, sino “cerrar la puerta a la mafia”, en referencia al uso de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado.
Este discurso lo han reiterado por varios voceros del oficialismo, señalando que los grupos delictivos reclutan menores aprovechándose de la “blandura” de las sanciones vigentes.
Sin embargo, actualmente ya existen normas para sancionar a adolescentes infractores, bajo un sistema especial que contempla medidas socioeducativas, no penas del régimen penal ordinario.
La realidad: reclutamiento de menores y aumento de detenciones
En 2024, 3.086 menores de edad los detuvieron por diferentes crímenes.
En los primeros cinco meses de 2025, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) reporta la detención de al menos 1.200 niños.
Según el ministro Harold Burbano, la Amazonía se ha convertido en un nuevo foco del crimen organizado, con fuerte influencia de la minería ilegal y de grupos armados, como disidencias de las FARC.
Uno de los casos más recientes que involucró a menores fue el caso Malvinas, que derivó en un operativo militar tras un crimen de alto impacto.
Expertos alertan: riesgo de selectividad penal
El criminólogo Adrián Alvarracín, docente universitario, advierte que aplicar sanciones penales iguales a las de adultos a los adolescentes representa una forma de selectividad penal, que afecta desproporcionadamente a los sectores más pobres. “Las cárceles están mayoritariamente pobladas por personas de piel no blanca y de bajos recursos. Esto no es coincidencia, sino resultado de cómo opera el sistema penal”, señala.
Alvarracín también cuestiona la idea de que endurecer las penas reduzca la delincuencia. Según él, el encarcelamiento no resuelve los problemas sociales, sino que los perpetúa. A su criterio, una política criminal efectiva debería enfocarse en el desarrollo de derechos básicos como educación, salud y trabajo, y no en incrementar la represión penal.
Riesgos constitucionales
Varios constitucionalistas han advertido que la aplicación de esta reforma, de aprobarse, violaría garantías fundamentales reconocidas en la Constitución ecuatoriana, como el principio de especialidad y protección reforzada para niños, niñas y adolescentes, así como compromisos asumidos en tratados internacionales sobre derechos humanos.
