Los municipios de Ecuador reclaman al Gobierno una deuda de USD 643 millones por retrasos en transferencias del Presupuesto 2025, lo que afecta proyectos y servicios locales.
La Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2025 confirma que las transferencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) forman parte de los rubros rígidos del gasto público.
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Según el Ministerio de Economía y Finanzas, estas transferencias, junto con aportes a la seguridad social, bonos sociales y subsidios, representan el 20,9% del gasto total, lo que equivale a más de USD 5.987 millones. Por mandato legal y constitucional, no pueden ser reducidas.
Sin embargo, la ejecución real refleja dificultades. Hasta agosto de 2025, las transferencias de capital —que incluyen recursos para los GADs— apenas alcanzaron el 43,8% de lo planificado, lo que ha generado atrasos en la entrega de fondos.
Atrasos del gobierno con los municipios de Ecuador
De hecho, los atrasos presupuestarios acumulados ya superan los USD 1.335 millones, afectando directamente a:
- proveedores,
- contratistas
- gobiernos locales
Generando un impacto en la prestación de servicios y proyectos de desarrollo.
En este contexto, la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) reiteró este 8 de septiembre su reclamo por la deuda del Ejecutivo con los gobiernos locales, la cual asciende a USD 643,24 millones.
La organización, presidida por el alcalde de Nabón, Patricio Maldonado, anunció que presentará una demanda de acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional.
La fundamentarán alegando la violación del artículo 200 del COOTAD, que obliga al Gobierno a realizar transferencias directas, automáticas, oportunas y eficaces.
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Además, la AME exige al Ministerio de Economía y Finanzas que emita un Acuerdo Ministerial, contemplado en la Ley de Alivio Financiero, que permita la compensación inmediata mediante cruce de cuentas en un plazo no mayor a 30 días.
La falta de liquidez del Estado, sumada a la rigidez del gasto público (que compromete más del 83% del presupuesto en obligaciones fijas como salarios, deuda y transferencias), limita la capacidad del Gobierno para cumplir oportunamente con los GADs.
Esto ha profundizado la tensión entre el Ejecutivo y los gobiernos locales, que advierten un impacto directo en la provisión de servicios básicos y en la gobernabilidad territorial.
