Denuncian vulneración de derechos y acusan al Municipio de Colta por permitir puestos informales y obras públicas en su propiedad privada.
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Una controversia legal y social se ha generado en Colta, luego de que una ciudadana de la tercera edad denunciara la presunta vulneración de su derecho constitucional a la propiedad privada.
La afectada asegura que el Gobierno Municipal habría permitido la instalación de puestos comerciales informales y la ejecución de obras públicas sobre un predio que según presume le pertenecería.
El caso ya se encuentra en conocimiento de instancias administrativas y de control, mientras la familia afectada exige el retiro inmediato de las casetas y el respeto a los linderos establecidos.
Denuncian vulneración de derechos en propiedad privada
La señora Fanny Violeta Taco Chalán, moradora del cantón Colta desde su nacimiento, relató que su vivienda y local comercial se han visto gravemente afectados.
Esto por la colocación de puestos informales justo frente a su inmueble, ubicado entre la avenida Unidad Nacional y la calle Juan Bernardo de León, en la parroquia Cajabamba.
Según explicó, las casetas bloquean el acceso y la visibilidad de su negocio, lo que ha generado pérdidas económicas y conflictos con las personas que ocupan el espacio.
“Todo está tapado, no tengo por dónde vender. Además, algunas personas han sido groseras e incluso me han agredido”, señaló.
La propietaria indicó que los comerciantes informales no retiran los plásticos ni las estructuras al finalizar la jornada, manteniendo el área cerrada de forma permanente y afectando directamente su economía.
Inclusive asegura haber sido victima de agresiones verbales por parte de los comerciantes ubicados frente a su inmueble.
Denuncian vulneración de derechos a la propiedad privada
El abogado Javier Guaraca Especialista en Derechos Humanos y representante legal de la familia Taco Chalán, afirmó que su defendida es la legítima propietaria del inmueble.
Hecho que, según indicó, consta en escrituras públicas y en el certificado de gravamen correspondiente.
Guaraca sostuvo que el Municipio de Colta habría incurrido en una actuación ilegal.
Al permitir la ocupación de propiedad privada y ejecutar obras públicas sin cumplir el procedimiento administrativo que establece la ley.
“Se está vulnerando el derecho humano a la propiedad privada de una persona adulta mayor, protegido por la Constitución del Ecuador y por la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, enfatizó.
Presunta ejecución de obra pública sin el debido proceso
De acuerdo con la defensa, en el predio en disputa se habrían colocado adoquines como parte de una intervención municipal.
Esto sin que exista una declaratoria de utilidad pública, pago de justo precio ni proceso formal de expropiación.
El abogado señaló que esta actuación contravendría el artículo 58.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Que obliga a las entidades públicas a cumplir un orden legal:
- Socialización del proyecto
- Declaratoria de utilidad pública
- Indemnización
- Expropiación
- Ejecución de la obra.
“En este caso, se hizo todo al revés. Primero ejecutan la obra y después intentan justificarla”, afirmó Guaraca, quien advirtió que la conducta podría configurarse como un presunto delito de peculado.
Lo que exigen al Municipio de Colta
La familia Taco Chalán solicita a las autoridades del Municipio de Colta:
- El retiro inmediato de los puestos comerciales ubicados frente al inmueble.
- El respeto a los linderos establecidos en el certificado de gravamen, que llegan hasta la avenida Unidad Nacional.
- La suspensión de cualquier obra pública ejecutada sin cumplir el debido proceso legal.
- Garantías para el ejercicio del derecho al trabajo y a la propiedad privada de la propietaria afectada.
