El Movimiento Indígena de Chimborazo rompe el silencio, exige respuestas al binomio prefectural y expone una crisis política en la provincia.
Haga clic para escuchar la noticia:
El Movimiento Indígena de Chimborazo volvió a marcar distancia del poder provincial y colocó en el centro del debate público la gestión del binomio prefectural Tayupand.a–Loza
Esto en medio de una crisis política que se arrastra desde el inicio del actual período administrativo y que ha profundizado la fractura institucional en la provincia.
Hermel Tayupanda Cuvi ganó la Prefectura de Chimborazo en las elecciones seccionales de 2023 con el 29,69 % de los votos, equivalentes a 72.793 sufragios, encabezando el binomio junto a Mónica Loza.
La victoria electoral generó expectativas en amplios sectores sociales, particularmente en organizaciones que vieron en esta administración una oportunidad de cambio frente a prácticas cuestionadas de gobiernos anteriores.
Sin embargo, lo que inició como un triunfo político se transformó, en pocos meses, en uno de los conflictos institucionales más complejos de Chimborazo que ahora es observado por el Movimiento Indígena de Chimborazo.
Movimiento Indígena de Chimborazo cuestiona relación en el binomio de la Prefectura
La relación entre prefecto y viceprefecta se deterioró rápidamente y dio paso a una serie de denuncias por violencia política de género, sanciones emitidas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Provocando así un creciente reclamo ciudadano liderado por la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo, que exige una evaluación integral del trabajo del binomio prefectural.
Este escenario no es nuevo para la provincia. Chimborazo ha sido testigo, desde administraciones anteriores, de episodios de violencia política de género que han marcado la gestión pública y que, pese a los discursos de cambio, no lograron erradicarse en el actual período.
Loza denuncia a Tayupanda por violencia política de género
En 2023, tras varios desacuerdos internos, la viceprefecta Mónica Loza presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral una denuncia contra Hermel Tayupanda por presunta violencia política de género.
La audiencia se desarrolló el 17 de octubre de 2023 en la Delegación Provincial Electoral de Chimborazo. Tras analizar los argumentos y pruebas presentadas por las partes, el juez Guillermo Ortega Caicedo negó la denuncia, por lo que la causa fue oficialmente archivada.
El caso adquirió mayor notoriedad pública meses después, cuando se conoció el testimonio anticipado de Michael Hernández, exdirector nacional de la Escuela de la Función Judicial.
Hernández afirmó que habrían existido presiones dentro de la defensa del prefecto y la presunta entrega de USD 30.000 al juez que conoció la causa, señalando que estos pagos habrían influido en el fallo absolutorio inicial, lo que profundizó la crisis política e institucional.
El 28 de noviembre de 2023, Mónica Loza presentó un recurso de apelación ante el TCE. El organismo electoral aceptó el trámite y, el 24 de enero de 2024, emitió una sentencia que declaró a Hermel Tayupanda responsable de violencia política de género.
La resolución impuso una multa equivalente a 35 salarios básicos unificados, la obligación de ofrecer disculpas públicas y la ejecución de medidas de reparación simbólica y educativa, sanción que fue cumplida por el prefecto.
Segunda denuncia por violencia política de género
El conflicto se reactivó con una segunda denuncia, admitida a trámite por el TCE el 18 de diciembre de 2025, nuevamente por presunta violencia política de género.
Según la denuncia, los hechos ocurrieron el 20 de octubre, cuando Tayupanda ingresó de forma abrupta y violenta a las oficinas de la Viceprefectura.
Ante estos hechos, el Tribunal dispuso medidas de protección inmediatas, entre ellas la prohibición de ingresar a dependencias institucionales y de acercarse a la denunciante mientras se sustancia la causa, que continúa en trámite.
A este escenario se suma que, con fecha 3 de enero de 2026, el Ministerio del Trabajo confirmó que Hermel Tayupanda registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos, debido a la suspensión de sus derechos de participación derivada de la sentencia N.° 058 del TCE por infracción electoral.
El pedido del Movimiento Indígena de Chimborazo
En medio de este contexto, el presidente del Movimiento Indígena de Chimborazo tomó distancia de ambas autoridades y exigió resultados concretos para la provincia. Fernando Guamán expresó el sentir ciudadano al señalar.
“Los chimboracenses depositamos nuestra confianza en el binomio Hermel Tayupanda y Mónica Loza; hoy nos han decepcionado, porque están en lo mismo que ellos cuestionaron a la administración anterior”.
Fernando Guamán
El Movimiento Indígena de Chimborazo dejó claro que no respalda a uno u otro actor político.
La organización exige el cumplimiento de las propuestas de campaña, una evaluación objetiva del trabajo del binomio y el fin de disputas internas que, según advierte, mantienen a Chimborazo atrapado en conflictos de poder, mientras las principales necesidades de la provincia siguen sin resolverse.
