Ministerio de Trabajo registró el impedimento para ejercer cargos públicos del prefecto de Chimborazo Hermel Tayupanda tras orden del TCE.
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El TCE dispuso que el Ministerio de Trabajo registre, en un plazo de 24 horas, el impedimento para que el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda Cuvi, desempeñe funciones públicas durante tres meses, por proselitismo político.
Ante este pedido el Ministerio del Trabajo ya se pronunció y emitió un certificado de impedimento para ejercer un cargo público durante lo que dure su sentencia.
Así se cumplió el pedido del juez Richard González Dávila, resolvió que la suspensión de los derechos de participación “conlleva la prohibición de desempeñar funciones públicas y así debe registrarlo el Ministerio de Trabajo”.
La decisión se da tras la diligencia de verificación de cumplimiento de sentencia, en la que se evidenció la existencia de dos certificados contradictorios emitidos el 2 de octubre de 2025: uno señalaba que Tayupanda tenía impedimento para ejercer cargo público, y otro que no.
El documento del Tribunal precisa:
“Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo no puede obviar registrar la sanción de suspensión de derechos de participación por el lapso de tres meses del señor Hermel Tayupanda Cuvi, que conlleva la imposibilidad de desempeñar funciones públicas, so pretexto de interpretar la sentencia dictada por el Pleno de este Tribunal en el presente caso”.
Oficio Nro. MDT-DRTSPQ-2025-18699-O
En consecuencia, González ordenó lo siguiente:
- Al Ministerio de Trabajo: registrar en 24 horas que Hermel Tayupanda tiene impedimento para desempeñar funciones públicas.
- Al Director Regional de Trabajo de Quito: informar al TCE sobre el cumplimiento de la disposición en el mismo plazo.
- En 48 horas: remitir un informe explicando por qué el 2 de octubre aparecieron en el sistema dos certificaciones en distinto sentido.
El juez advirtió además que el principio de igualdad “no puede romperse al registrar a unas personas sancionadas con suspensión de derechos de participación con el impedimento de ejercer cargos o funciones públicas y a otras no”, lo cual constituiría un acto de discriminación.
Ministerio de Trabajo no pudo justificar certificados del Prefecto de Chimborazo
El 7 de octubre de 2025, el TCE realizó una diligencia para verificar el cumplimiento de la sentencia contra el prefecto de Chimborazo.
La sesión evidenció contradicciones entre dos certificados emitidos por el Ministerio de Trabajo, con apenas minutos de diferencia, en los que uno registraba impedimento para ejercer cargo público y otro no.
El juez González abrió la audiencia señalando que el propósito era determinar si el prefecto había cumplido con la sentencia.
El juez pidió explicaciones detalladas sobre el procedimiento que llevó a esas inconsistencias y exigió al Ministerio de Trabajo un informe en 48 horas sobre cómo se generaron los documentos.
El director regional de Trabajo de Quito, Galo Cappelo, fue el primero en intervenir y explicó que el Ministerio actuó conforme a la sentencia literal del TCE, la cual solo dispuso la suspensión de los derechos de participación por tres meses, mas no el impedimento de ejercer cargo público.
“Nosotros como servidores públicos tenemos que hacer lo que nos dice exactamente la sentencia”, enfatizó.
Galo Cappelo
Cappelo aclaró que el Ministerio había cumplido el fallo en estricto apego al principio de legalidad, argumentando que solo se registró la sanción ordenada: la suspensión temporal de los derechos políticos, sin inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Sin embargo, el juez González insistió en la contradicción evidente: ambos certificados provenían del mismo sistema y habían sido obtenidos oficialmente por la Secretaría del Tribunal, con diferencia de apenas 24 minutos entre uno y otro.
La ministra Ivonne Núñez defendió la actuación institucional, pero reconoció la posibilidad de un error humano o técnico en el sistema de emisión.
Aclaró que el Ministerio solo ejecuta lo dispuesto por los tribunales, sin margen de interpretación.
“Si el Contencioso Electoral dispone registrar la inhabilidad para participar en un proceso electoral, el Ministerio de Trabajo tiene que cumplir exclusivamente con esa disposición”.
Ivonne Núñez
Más adelante, Núñez reconoció la inconsistencia en los documentos y sostuvo que el caso sería revisado internamente:
“Si eso ha sucedido en el Ministerio del Trabajo, eso debe tener una corrección (…) Yo quiero pensar que lo que sucedió fue un error de modelo o de formato, no una manipulación.”
Ivonne Núñez
La ministra añadió que en ninguna sentencia el Ministerio ha recibido un impedimento por tres meses, lo que demuestra, según ella, un “mosaico de sanciones” aplicadas por los órganos electorales que generan confusión administrativa.
Prefecto de Chimborazo se declaró perseguido político y afirmó sufrir discriminación
Por su parte, el denunciante Alejandro Rodas señaló que el Ministerio de Trabajo actuó de forma desigual en casos similares y que, en este proceso, la sanción impuesta carece de ejemplaridad.
“La sentencia se ha hecho un sainete decadente; el Ministerio del Trabajo obra de manera parcializada, con beneficio inventario”, afirmó.
Alejandro Rodas
Rodas cuestionó que el prefecto Tayupanda haya continuado en funciones pese a la suspensión de sus derechos de participación, asegurando que la medida no ha tenido efecto práctico.
El prefecto Hermel Tayupanda, finalmente, tomó la palabra y se declaró víctima de persecución política y discriminación racial, sin aportar pruebas documentales.
«Estoy trabajando contra el racismo y también contra la corrupción. Y por eso tengo persecución política. Nosotros hemos sido marginados, hasta hoy vivimos de esa manera”, manifestó el prefecto, vestido con su poncho tradicional., manifestó el prefecto, vestido con su poncho tradicional.
Hermel Tayupanda
El juez Richard González dispuso que el Ministerio de Trabajo presente un informe oficial explicando cómo se emitieron los certificados contradictorios y bajo qué criterios se registran los impedimentos o suspensiones de derechos políticos.
Además, ordenó identificar todos los casos en los que el Ministerio ha inscrito tanto suspensión de derechos de participación como impedimento para ejercer cargo público, con el fin de uniformar criterios y evitar nuevas irregularidades.
