En la ciudad de Macas, una vivienda demolida por ser construída en terreno municipal. El hecho generó un gran debate en la ciudadanía.
La mañana de este 17 de junio, el Municipio de Morona ejecutó la demolición de una casa ubicada en la calle Calixto Velin, en Macas. Presuntamente fue construída en un terreno municipal.
La intervención contó con el apoyo de maquinaria pesada y más de 20 funcionarios municipales, quienes actuaron “en cumplimiento de una resolución administrativa” que determinaba que la construcción ocupaba un área verde de propiedad municipal.
Gustavo Bernal sería el dueño de la construcción, quien asegura haber habitado el terreno desde el año 2005 «de manera pública y pacífica«.
Su abogado defensor reconoció que la edificación se levantó sin permisos, pero subrayó que ya se había pagado una multa de más de 850 dólares por esta falta.
Además, indicó que se había iniciado una acción legal de prescripción adquisitiva extraordinaria, que no fue tomada en cuenta antes del procedimiento municipal.
“El Municipio no gestionó ningún proceso judicial ante la Unidad Civil para justificar la demolición. Simplemente ejecutaron una resolución tardía para derribar la vivienda”,
denunció César Bombón, abogado, quien también cuestionó la presunta falta de equidad en el accionar. “Hay muchas construcciones informales en Macas, pero solo aquí actuaron con fuerza”, comentó.
Desde la institución municipal, Cristian Hurtado, funcionario sancionador, defendió el operativo asegurando que se trató de una acción legítima para recuperar el espacio público.
“Esta administración está comprometida con el orden. La resolución fue clara y solo se ha dado cumplimiento”, afirmó.
Horas después del incidente, el Municipio de Morona difundió un comunicado en el que aclaró que el inmueble estaba asentado sobre un terreno municipal declarado como área verde.
Además, acotaron que no existía ocupación familiar al momento de la demolición, y que la acción no constituyó un desalojo, sino la recuperación de un bien público.
La situación ha provocado reacciones divididas en la ciudadanía.
El caso ha abierto el debate sobre la aplicación de las normas, la administración de los espacios públicos y el trato hacia quienes viven en este tipo de situaciones.
