Ley de Solidaridad Nacional: policías y militares no irán a la cárcel tras el inicio de la vigencia de la norma. La norma ha recibido críticas desde que fue presentada.
Ley de Solidaridad Nacional, los policías y militares no irán a la cárcel tras el inicio de la vigencia de la norma. La norma ha recibido críticas desde que su presentación.
La ley la aprobaron en el marco del conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa durante su primer período de gestión.
Entre sus disposiciones, se destacan cambios relevantes en la forma de juzgar a policías y militares cuando actúan en cumplimiento de sus funciones, así como un mayor rigor en la aplicación de normas penales.
Esta ley se complementa con el Decreto Ejecutivo 111, también firmado por Noboa, que refuerza el combate contra el crimen organizado.
Ambas medidas las recibieron por sectores ciudadanos que consideran que el Estado no ha protegido históricamente a quienes velan por la seguridad, mientras se “favorece” a los delincuentes.
Ley de Solidaridad analizada desde varios aspectos
Desde la perspectiva de las fuerzas del orden, se interpreta como una forma de respaldo institucional y un intento de recuperar elementos del antiguo sistema de cortes militares.
Sin embargo, la constitucionalista Karina Puyol advierte que, aunque responde a una necesidad real, la ley no aborda otros problemas estructurales como la depuración interna de las fuerzas armadas, un tema también señalado por Pedro Dávila, exoficial militar.
El penalista Edwin Javier Daqui, por su parte, sostiene que una mala aplicación de esta normativa puede aumentar la sensación de impunidad.
A pocos días de su entrada en vigor, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional —que tramitó el proyecto— ya ha planteado reformas debido a inconsistencias en el texto.
Una de las propuestas es la figura del «indulto diferido», que consiste en suspender la prisión preventiva antes de la sentencia. Este indulto solo se ejecutaría si la sentencia condenatoria se confirma y queda ejecutoriada.
Este beneficio aplicaría únicamente en tres casos:
- Cuando los hechos ocurrieron durante operativos contra grupos armados organizados.
- Si el procesado padece una enfermedad grave, certificada por autoridad sanitaria.
- Si el procesado colabora con la justicia, esclarece hechos o repara daños derivados del conflicto.
No obstante, Daqui advierte que esta figura podría convertirse en un “escudo institucional” para proteger a posibles responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
Desde el ámbito constitucional, Puyol cuestiona la injerencia del Ejecutivo en funciones judiciales, recordando que ya existen organismos competentes para administrar justicia, conforme al principio de separación de poderes que garantiza el equilibrio institucional.
Injerencia del presidente en la justicia con la Ley de Solidaridad
A su juicio, este tipo de leyes reflejan una crisis estructural y el deterioro de la armonía social, al concentrar facultades en el Ejecutivo que deberían regularse por mecanismos democráticos e independientes.
No obstante, desde una visión política, este tipo de medidas también pueden interpretarse como intentos por fortalecer el poder civil frente a posibles amenazas como golpes de Estado o desestabilización institucional.
Aunque se plantea como una señal de coordinación entre el Estado y las fuerzas del orden, periodistas y analistas cuestionan que se promocione esta ley como un “antídoto” que salvará al país de su crisis estructural, cuando en realidad podría tener efectos contraproducentes en el largo plazo.
