Ley de Solidaridad Nacional pasó el primer debate en la Asamblea. Los legisladores mostraron sus argumentos favorables respecto al proyecto.
Ley de Solidaridad Nacional pasó el primer debate en la Asamblea. Los legisladores mostraron sus argumentos favorables respecto al proyecto.
Este 30 de mayo de 2025, la Asamblea Nacional del Ecuador llevó a cabo el primer debate sobre el informe de la Comisión de Régimen Económico respecto al proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, iniciativa enviada con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa.
La Comisión realizó varias modificaciones al texto original, lo que generó opiniones divididas durante la sesión.
Dos enfoques principales: económico-tributario y penal
La legisladora Valentina Centeno, directora de la bancada oficialista, explicó que la ley tiene dos ejes principales:
- Un enfoque económico y tributario, orientado a reactivar la economía popular y solidaria.
- Un enfoque penal, que busca enfrentar el crimen organizado dentro del contexto del conflicto armado interno que vive el país.
Centeno argumentó que no se puede hablar de inversión ni empleo si no se garantiza primero la seguridad. Por ello, la ley propone fomentar la corresponsabilidad del sector empresarial en la protección de la institucionalidad.
Principales medidas penales propuestas
Centeno resaltó que las actuales normas penales fueron creadas en un contexto de paz, por lo que urge adaptarlas a la situación de violencia actual. Las medidas específicas incluyen:
- Tipificación del delito de pertenencia a grupos delictivos organizados, con penas de hasta 30 años para líderes.
- Derecho penal de segunda velocidad, que permite sancionar actos preparatorios del delito.
- Creación de un sistema penal unificado y especializado, con jueces que deberán resolver en un plazo máximo de 90 días.
- Prisión preventiva como medida cautelar, extendiendo el tiempo de aprehensión a 48 horas para investigaciones.
- Indulto anticipado para policías y militares que actúen en operativos contra el crimen organizado. No aplicará en casos de genocidio, tortura, desaparición forzada ni corrupción.
- Allanamientos sin orden judicial, siempre que existan informes de inteligencia que justifiquen su proporcionalidad.
Críticas desde la oposición y análisis constitucional
El asambleísta Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, criticó las modificaciones hechas por la Comisión de Régimen Económico, señalando que los tres primeros artículos podrían contravenir la Constitución.
Advirtió que el proyecto no cumple con los requisitos para ser considerado como económico urgente, y que se requeriría una ley orgánica, no una reformatoria, ya que afecta al menos cinco cuerpos legales.
También pidió que se especifique claramente quiénes serán los jueces especializados para evitar vulneraciones a tratados internacionales.
Análisis constitucional: riesgos e implicaciones
El constitucionalista Andrés Bonilla explicó que la iniciativa busca proteger a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, flexibilizando garantías procesales bajo un modelo de «derecho penal de segunda velocidad». Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de endurecer el sistema penal sin los controles adecuados.
Bonilla también alertó sobre la posible inconstitucionalidad del proyecto, tanto por su contenido como por su forma. Según él, “una ley no puede mezclar temas sin una conexión coherente”. Comparó la propuesta con medidas implementadas en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele.
Finalmente, señaló que el verdadero riesgo no está solo en la ley, sino en quiénes la aplican, y recomendó prudencia en su implementación.
Tras el debate, la primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, ordenó que el proyecto regrese a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe para segundo debate.
