La Ley de Solidaridad Nacional propone reducir impuestos a ciudadanos que donen insumos o armamento para fortalecer la seguridad estatal.
La Ley de Solidaridad Nacional, enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa a la Asamblea con el carácter de económico urgente, plantea un nuevo esquema para enfrentar el conflicto interno contra las bandas criminales.
Entre los puntos más llamativos está la posibilidad de que los ciudadanos que donen armamento, insumos o herramientas a la fuerza pública reciban una reducción en el pago de su impuesto a la renta.
Además del indulto presidencial a la Policía Nacional y modificaciones penales que agilizan las órdenes de allanamientos.
Keevin Gallardo, asambleísta por Chimborazo por ADN, defendió este punto de la ley al señalar que se busca “fortalecer a las fuerzas del orden público. Mediante la participación activa de los ciudadanos, sin que estos adquieran la condición de combatientes”.
El proyecto de Ley de Solidaridad Nacional inicialmente tuvo 34 artículos, pero la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea los redujo a 14 para el primer informe de debate.
¿En qué consiste la Ley de Solidaridad Nacional?
Gallardo explicó que el eje central de la ley es permitir que el Estado actúe con base en el derecho internacional humanitario.
Este cambio implica que los miembros de grupos armados organizados pueden ser declarados objetivos militares y ser neutralizados por las fuerzas estatales.
Sin que esto constituya una violación a los derechos humanos, siempre que se respete el principio de distinción.
Además de su detención durante 48 horas con fines investigativos. El proyecto reconoce que no solo las personas pueden ser declaradas objetivos militares. Sino también ciertos bienes, como vehículos, inmuebles o recursos económicos utilizados por grupos criminales.
Reduce el 30% del impuesto a la renta
Uno de los artículos más novedosos de esta normativa plantea incentivos tributarios para quienes colaboren con la fuerza pública mediante donaciones.
Gallardo explicó que las personas naturales o jurídicas podrán aportar con insumos, herramientas, vehículos u otros recursos y, a cambio, recibirán una reducción del 30% en el impuesto a la renta.
Este artículo busca, según el legislador, activar la participación ciudadana sin poner en riesgo su integridad ni involucrarlos directamente en el conflicto.
Aunque aún no se ha definido qué tipo de bienes serán válidos para estas donaciones ni cómo se calculará el beneficio tributario. Gallardo aclaró que esos detalles serán establecidos en un reglamento elaborado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, una vez que la ley sea aprobada.
El proyecto ha sido criticado por sectores de la oposición, especialmente por la bancada del correísmo, que sostiene que la normativa podría ser utilizada como una herramienta de persecución política, especialmente por la facultad que otorga al Estado para incautar bienes.
Gallardo respondió a estas preocupaciones asegurando que la ley se construye sobre principios internacionales como el de distinción, proporcionalidad y humanidad. Asimismo de que cualquier abuso podría ser sancionado incluso por la Corte Penal Internacional.
El legislador enfatizó que el objetivo de la ley es devolver al Estado la capacidad de enfrentar eficazmente a los grupos armados, y no ampliar el poder estatal de forma arbitraria.
