Ley de Inteligencia en Ecuador autoriza vigilancia sin orden judicial
Ley de Inteligencia en Ecuador autoriza vigilancia sin orden judicial, el debate surge entre la protección de derechos humanos y el contexto de crisis actual.
La Ley de Inteligencia en Ecuador 2025 autoriza vigilancia sin orden judicial, el debate surge entre la protección de derechos humanos y el contexto de crisis actual.
Tras la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional, la Asamblea Nacional aprobó, tres días después, la Ley de Inteligencia.
De acuerdo con el abogado Sebastián Ávalos, ambas normas se complementan entre sí y buscan dar una respuesta jurídica a la crisis social y de seguridad que atraviesa Ecuador.
El país se convirtió en 2023 en el más violento de América Latina, y las proyecciones para 2025 no son alentadoras: podría cerrar como el año más violento de su historia reciente.
¿Qué establece la nueva Ley de Inteligencia?
La normativa crea un marco jurídico para las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Se establece el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), compuesto por organismos militares, policiales, tributarios, financieros, aduaneros, penitenciarios y de seguridad presidencial. Todos estarán coordinados por una entidad rectora cuya máxima autoridad es designada por el Presidente de la República.
El artículo 46 de la ley define cinco niveles de inteligencia:
- Político
- Estratégico
- Operativo
- Táctico
- Prospectivo
Uno de los puntos más controversiales es que la norma permite la interceptación de comunicaciones, acceso a mensajes, geolocalización en tiempo real y otras formas de vigilancia por motivos de “seguridad integral del Estado”, sin necesidad de una orden judicial. Estas medidas estarían vigentes por un plazo de cinco años.
Preocupaciones por derechos humanos
Organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, han mostrado su preocupación por la amplitud de la ley.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización, advirtió que, si bien es urgente enfrentar la violencia y el crimen organizado, este tipo de leyes apresuradas, mal redactadas y sin controles adecuados podrían agravar la situación.
Subrayó que la seguridad no se puede garantizar a costa de los derechos fundamentales, como la intimidad y la privacidad.
Además, se señala que la ley no incorpora mecanismos de control judicial dentro del Sistema Nacional de Inteligencia, lo cual podría prestarse a abusos, especialmente cuando basta con ser «sospechoso» o representar una amenaza para que se activen medidas de vigilancia.
¿Una medida necesaria o riesgosa?
Según el abogado Sebastián Ávalos, el país enfrenta un contexto de “guerra interna”, por lo que es necesario ponderar los derechos, priorizando la protección civil. Si bien reconoce que la ley limita ciertas libertades, aclara que no las vulnera directamente, y que el sistema debe filtrar adecuadamente la información que recolecta para evitar excesos.
Finalmente, se recuerda que la ley también reforma el Centro de Inteligencia Estratégica (antes Senain, creada en el gobierno de Lenín Moreno) y restablece el uso de gastos reservados, los cuales, una vez auditados, serán destruido.
