Ley de Integridad Pública violaría derechos de los trabajadores, desde los sindicatos presentarán una demanda por inconstitucional, te explicamos de qué se trata.
Ley de Integridad Pública violaría derechos de los trabajadores, desde los sindicatos presentarán una demanda por inconstitucional, te explicamos de qué se trata.
La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) anunciaron que impugnarán la normativa ante la Corte Constitucional, al considerar que vulnera derechos laborales y viola principios legales fundamentales.
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La Ley Orgánica de Integridad Pública, que entró en vigencia el 26 de junio tras su publicación en el Registro Oficial, enfrenta ya sus primeras demandas de inconstitucionalidad.
Miembros sindicales argumentan que la ley no cumple con el principio de unidad de materia, al incluir reformas en ámbitos diversos dentro de una sola normativa.
Ley de Integridad no cumpliría con la unidad de materia
La constitucionalista Lizbeth Puyol explicó que la ‘unidad de materia‘ es un principio esencial del Derecho que exige que todo proyecto de ley trate sobre un solo tema principal. Esto garantiza que la ley sea coherente y clara.
Cuando una ley incluye reformas o disposiciones que no tienen relación directa entre sí —como ocurre con la Ley de Integridad Pública, que abarca temas muy diversos— se rompe este principio. Esa falta de unidad puede llevar a que la norma sea declarada inconstitucional por la forma, como lo establece la sentencia 44-16/IN/22.
¿Qué implica este principio?
- Todo lo que se incluya en el proyecto debe estar relacionado con un solo tema central.
- No se deben incorporar temas ajenos que desvíen o mezclen la finalidad de la ley.
- Si esto ocurre, las reformas pueden ser rechazadas o incluso anularse por inconstitucionales.
Aunque la Asamblea puede hacer cambios a los proyectos de ley durante el debate, esos cambios siempre deben respetar los principios constitucionales. Si no lo hacen, se pone en riesgo la validez de toda la norma.
La Ley de Integridad Pública reforma 20 leyes en varias materias más allá del servicio público.
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Organizaciones de trabajadores denuncian a la ley
Por su parte, la UNE también se sumó a las críticas. Andrés Quishpe, su presidente, indicó que la ley afecta el derecho a la jubilación y compensación económica de los servidores públicos.
Cuestionó la modificación al artículo 81 de la Losep, que, según explicó, eleva la edad efectiva para acceder al incentivo por jubilación.
A pesar de que el texto original ya establecía los 65 años como requisito, Quishpe aseguró que la nueva redacción impide que quienes tenían planificado jubilarse entre los 60 y 64 años reciban su compensación.
“La pérdida de esta compensación puede alcanzar los 150 salarios básicos unificados, lo que equivale a más de USD 7.800 en 2025. Esto no solo afecta su economía, sino su proyecto de vida”, advirtió.
Ambas organizaciones preparan sus respectivas demandas de inconstitucionalidad, bajo el argumento de que la ley vulnera derechos adquiridos y principios constitucionales como la progresividad de los derechos sociales.
La jurista Melania Carrión, en una entrevista concedida a Radio Sonorama, advirtió que la Ley de Integridad Pública extiende su alcance más allá de la Función Ejecutiva y ahora abarca también a los funcionarios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Según Carrión, antes el Ministerio de Trabajo, conforme a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), podía emitir directrices laborales aplicables únicamente a la Función Ejecutiva. Sin embargo, con la nueva normativa, esas medidas ahora se extienden a todo el sector público, lo que incluye municipios, prefecturas y otros entes descentralizados.
La jurista considera esta ampliación como una “metida de mano a la justicia” y un mecanismo de control político sobre funcionarios que, por su autonomía, no deberían estar bajo las mismas reglas del Ejecutivo.
