La Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Integridad Pública. Servidores públicos despedidos no regresan automáticamente, sino solo vía contencioso administrativo.
Escucha la nota completa aquí:
La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública (LOIP) el pasado 26 de septiembre de 2025, dejando sin sustento legal las medidas aplicadas desde su vigencia, el 26 de junio de 2025. Sin embargo, la sentencia aclaró que los despidos de servidores públicos efectuados bajo esta norma no serán revertidos automáticamente.
El abogado laboralista Hernán Dávalos explicó que la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública no tiene efectos retroactivos en materia laboral.
Esto significa que los funcionarios públicos despedidos no retornarán de inmediato a sus cargos.
La retroactividad solo se aplicará en ámbitos penales, de movilidad humana y de niñez y adolescencia.
- Leer más: Corte Constitucional declara inconstitucionales 2 leyes de Daniel Noboa
- Leer más: CNE registra 13 organizaciones para campaña del Referéndum
El contencioso administrativo como salida legal
No obstante, los trabajadores que fueron despedidos sí cuentan con una vía legal para intentar recuperar su puesto o exigir indemnizaciones: el contencioso administrativo para empleados públicos.
A través de este mecanismo, se puede
- cuestionar la legalidad del proceso de desvinculación,
- solicitar el reintegro al cargo
- reclamar los salarios no percibidos durante el tiempo fuera de funciones
- Incluso, en algunos casos, se podría exigir disculpas públicas.
Este proceso, sin embargo, es largo y complejo. Según Dávalos, una demanda en el contencioso administrativo puede tardar cerca de un año en resolverse.
Durante ese tiempo, si la justicia falla a favor del trabajador, el Estado estaría obligado a pagar los sueldos acumulados, beneficios sociales y aportes al IESS, lo que podría implicar un alto costo fiscal.
El especialista recalcó que no procede la acción de protección, ya que en este caso no se vulneraron derechos constitucionales individuales.
La Corte Constitucional vetó la norma por falta de unidad de materia, es decir, se reformaron varias temáticas en una sola ley, un criterio de técnica legislativa que invalida leyes cuando incluyen disposiciones ajenas a su propósito principal.
Desvinculaciones masivas desde julio de 2025
Al menos 13 instituciones públicas reportaron despidos desde el jueves, 24 de julio de 2025, afectando a quienes tenían contratos ocasionales y nombramientos provisionales.
Los funcionarios únicamente recibieron una notificación a través del sistema Quipux, sin mayor explicación, ya que muchos no fueron evaluados.
El presidente Daniel Noboa justificó la salida de 5.000 servidores públicos, calificándolos como “ineficientes y poco comprometidos con el país”.
Según el mandatario, las desvinculaciones permitirán contratar a gente joven, aunque esto implique dejar a miles de familias en una situación desesperante, con deudas y responsabilidades económicas.
Instituciones en las que se reportan despidos
De acuerdo con Radio Pichincha, las desvinculaciones alcanzaron a varias instituciones, con entre 80 y más de 100 funcionarios separados en cada una:
- Ministerio del Ambiente
- Ministerio de Agricultura
- Ministerio de Energía y Minas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Cultura
- Secretaría General de Comunicación de la Presidencia
- Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
- Servicio Nacional de Contratación Pública
- Maternidad Isidro Ayora
- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (todas sus unidades)
- Corporación Nacional de Telecomunicaciones
- Dirección General de Aviación Civil
- Petroecuador (una de las primeras instituciones en iniciar la desvinculación).
Impacto de la inconstitucionalidad en Ecuador
El Ejecutivo había proyectado un ahorro de USD 22,7 millones en 2026 gracias a la aplicación de la Ley de Integridad Pública, que fue el eje de su plan de eficiencia administrativa.
Solo en julio de 2025 se anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios, excluyendo a personal de salud, educación, fuerzas del orden y grupos vulnerables.
Ahora, con la Ley de Integridad Pública inconstitucional, el panorama cambia: aunque los despidos no se revierten de forma automática, los exfuncionarios públicos tienen más opciones legales para demandar su reincorporación.
Esto abre la puerta a un escenario incierto para las instituciones públicas, que podrían enfrentar múltiples juicios y, con ellos, un gasto mucho mayor al que buscaban reducir.
Te explicamos qué acciones debes tomar:
