Ley de Integridad Pública endura penas para niños, niñas y adolescentes infractores, la medida generó rechazo de organismos internacionales.
La Ley de Integridad Pública endura penas para niños, niñas y adolescentes infractores. La medida generó rechazo de organismos internacionales.
La Asamblea aprobó este martes la Ley Orgánica de Integridad Pública, una normativa impulsada por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente.
Con 84 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones, aprobaron la ley en medio del rechazo del bloque correísta y de organizaciones sociales.
La oposición ha advertido que la norma elimina derechos laborales, pone en riesgo la institucionalidad y compromete el cumplimiento de tratados internacionales.
Aunque su eje central es la transparencia en la contratación pública, la ley también incluye reformas que endurecen las penas contra adolescentes infractores, lo que ha desatado un amplio debate jurídico y social en el país.
Ley de Integridad Pública ¿Qué implica?
Uno de los puntos más polémicos es la disposición que permite juzgar a adolescentes como adultos si cometen delitos con penas mayores a diez años de prisión, particularmente aquellos vinculados al crimen organizado.
En estos casos, los menores podrían enfrentar hasta 15 años de cárcel, comenzando su condena en centros para adolescentes y trasladándose a cárceles de adultos al cumplir la mayoría de edad.
Además de la reforma penal juvenil, la Ley de Integridad Pública incorpora otras disposiciones controversiales:
- La posibilidad de expulsar a extranjeros por hasta 40 años si han cumplido penas por delitos graves
- Transformación del sistema de cooperativas de ahorro hacia el modelo financiero privado.
- Otorga al Ejecutivo la facultad de disolver ciertas instituciones públicas.
El argumento de “cerrar la puerta a la mafia”, en referencia al reclutamiento de menores por parte de bandas criminales.
Los niños y adolescentes víctimas del crimen
Según datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, al menos 1.200 niños y adolescentes los han detenido en lo que va de 2025 por diversos delitos, mientras que en 2024 fueron más de 3.000.
UNICEF emitió un comunicado donde calificó la norma como una violación a la Constitución ecuatoriana y a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ecuador.
“El encarcelamiento no resuelve los problemas sociales, sino que los perpetúa”, afirma el criminólogo Adrián Alvarracín, quien considera que esta medida refuerza una lógica punitiva selectiva que afecta principalmente a los jóvenes de sectores empobrecidos.
El enfoque represivo de la ley también lo critica por constitucionalistas, quienes señalan que vulnera principios como la protección reforzada y la especialidad penal juvenil consagrados en la Carta Magna.
Actualmente, el Código de la Niñez y Adolescencia establece un sistema de justicia especializado con medidas socioeducativas, no penas del régimen ordinario.
Sin embargo, expertos insisten en que la represión no puede sustituir a políticas públicas integrales en educación, salud y empleo que prevengan el involucramiento de menores en el crimen.
