Ley de Integridad Pública activa evaluaciones semestrales; Gobierno niega despidos masivos y promete eficiencia sin vulnerar derechos.
En medio del creciente malestar social por la entrada en vigencia de la Ley de Integridad Pública, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, aclaró que las evaluaciones a los servidores públicos no serán un instrumento para ejecutar despidos masivos, como han denunciado organizaciones sociales.
“No hay que tener miedo a la evaluación”, enfatizó Núñez.
La normativa, calificada de urgente por el presidente Daniel Noboa y vigente desde el 26 de junio, establece un proceso de evaluación semestral obligatorio para funcionarios públicos, con excepción de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Consejo de la Judicatura.
Núñez aseguró que este mecanismo existe desde 2010, pero no ha sido aplicado de forma consistente: “Hay menos de 140 instituciones evaluadas y los casos de desvinculación por bajo desempeño son mínimos”, dijo.
La ministra defendió el sistema como una vía para mejorar la eficiencia administrativa: “El Estado no solo paga salarios; también invierte en sistemas tecnológicos para que la atención pública sea más ágil y transparente”.
¿Cómo funcionará el proceso de evaluación de la Ley de Integridad Pública?
- Periodicidad: Se realizará cada seis meses en todas las instituciones del sector público.
- Obligatoriedad: Es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades, excepto Fuerzas Armadas, Policía Nacional Consejo de la Judicatura, pues estos organismos cuentan con sus propios sistemas de control y evaluación interna.
- Etapas: Aunque la ministra no detalló los criterios exactos, confirmó que se mantendrán dos fases por cada evaluación. Si un servidor no supera ambas, podrá ser desvinculado del cargo.
- Objetivo: Medir el desempeño individual en función de metas institucionales, garantizar el uso eficiente de recursos públicos y mejorar la atención ciudadana.
- Historial: Las evaluaciones ya están contempladas desde 2010 en el marco legal, pero han sido poco aplicadas. Esta ley exige su implementación real y sostenida.
En respuesta a los temores expresados por la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), quienes han marchado para exigir la anulación de la Ley, Núñez negó que exista intención de precarizar el empleo público.
Aseguró que la norma es constitucional y que las evaluaciones promueven un servicio civil profesionalizado.
Jubilación y compensaciones con la Ley de Integridad Pública
En cuanto a los beneficios de jubilación, la ministra aclaró que no se ha modificado la edad para acceder a compensaciones:
- 480 aportaciones sin límite de edad.
- 360 aportaciones a partir de los 60 años de edad.
Núñez calificó como “confusión deliberada” la narrativa sobre un aumento en la edad de retiro. Añadió que el Gobierno ha desembolsado USD 95 millones en compensaciones hasta la fecha.
Con estas aclaraciones, el Ministerio del Trabajo busca reducir la incertidumbre en el sector público y responder al creciente escrutinio social sobre las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
