Juicio político contra Mario Godoy avanza en la Asamblea Nacional, mientras el CAL analiza las denuncias de presiones a jueces.
El juicio político contra Mario Godoy avanza en la Asamblea Nacional, tras la formalización de la solicitud presentada por la bancada de la Revolución Ciudadana.
Esta acción se dirige contra el presidente del Consejo de la Judicatura, a quien se le atribuyen presuntas irregularidades, incumplimiento de funciones y presiones a jueces en el ejercicio de sus responsabilidades.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció oficialmente la solicitud y remitió el expediente a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) para que elabore un informe técnico jurídico, paso esencial previo a la calificación formal del juicio político.
Esta decisión marca un avance significativo en el proceso de control político sobre la Judicatura de Ecuador, generando gran expectativa en el ámbito político y judicial.
Motivos del juicio político
El juicio político contra Mario Godoy avanza por denuncias que apuntan a posibles incumplimientos de funciones constitucionales y presuntas interferencias en la independencia judicial.
Entre los casos más mencionados está la supuesta presión a jueces, en especial al juez anticorrupción Carlos Serrano, tras una resolución contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.
Legisladores de oposición sostienen que Godoy no garantizó la transparencia ni la probidad en la administración de la justicia, elementos esenciales consagrados en la Constitución de Ecuador.
Para los parlamentarios, el presidente del Consejo de la Judicatura debió actuar con mayor autonomía y neutralidad frente a casos de alto impacto mediático y político.
Procedimiento legislativo y próximo paso
Tras la recepción de la solicitud, la UTL tiene un plazo máximo de tres días para emitir un informe técnico, que evaluará si el pedido cumple con los requisitos constitucionales y legales para su trámite.
Posteriormente, el expediente será enviado a la Comisión de Fiscalización, encargada de analizar los fundamentos del juicio político y convocar las comparecencias de testigos y del propio Godoy.
El proceso, aunque técnico, tiene un alto componente político, ya que involucra la interacción entre el Poder Legislativo y la Función Judicial, y puede definir no solo el destino de Godoy.
Sino también precedentes sobre la rendición de cuentas de los altos funcionarios judiciales en Ecuador.
Reacciones de los actores políticos
Durante la sesión del CAL, algunos legisladores enfatizaron la importancia de garantizar un proceso transparente, mientras otros cuestionaron los tiempos y procedimientos.
La bancada oficialista ha mantenido una posición cautelosa, evitando obstaculizar el proceso, pero insistiendo en que se cumplan todas las formalidades legales antes de cualquier calificación.
Por su parte, Godoy ha declarado que actuará conforme a la ley y se mostrará disponible para comparecer ante la Asamblea si es necesario, destacando su compromiso con la transparencia y la independencia judicial.
Implicaciones para la Judicatura y la Asamblea
El juicio político contra Mario Godoy avanza en un momento crítico para la función judicial en Ecuador.
Este proceso no solo pone en la mira la gestión del presidente del Consejo de la Judicatura, sino que también subraya la importancia de la independencia judicial, la rendición de cuentas y el control político efectivo.
Analistas políticos señalan que la resolución de este caso podría generar precedentes importantes, fortaleciendo los mecanismos de control sobre altos funcionarios y clarificando los límites de la relación entre la Asamblea Nacional y la Judicatura.
La formalización de la solicitud y la remisión del expediente a la UTL representan un avance clave en el juicio político contra Mario Godoy.
La expectativa se centra ahora en el informe técnico y en la decisión de la Comisión de Fiscalización, que determinará si el proceso sigue adelante con la convocatoria de testigos y la evaluación de responsabilidades.
Este caso mantiene a la opinión pública y al ámbito político en alerta, ya que define no solo el futuro del presidente de la Judicatura, sino también los estándares de transparencia y control dentro del sistema judicial ecuatoriano.
