Juezas de Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar sin sueldo tras sanciones del Consejo de la Judicatura por presuntas irregularidades y corrupción judicial.
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió este jueves suspender sin sueldo a tres juezas de Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar, tras determinarse presuntas faltas disciplinarias en el ejercicio de sus funciones.
Las sanciones se aplicarán de forma inmediata y van desde 30 días hasta tres meses, según la gravedad de cada caso.
Una de las magistradas, perteneciente a la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, está además vinculada a una investigación penal dentro del denominado caso “Bufete con Toga”. Un proceso que indaga una supuesta red de corrupción judicial a escala nacional.
Juezas de Chimborazo suspendidas sin sueldo
La jueza L.M.G.A., de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, fue suspendida por tres meses sin remuneración. La decisión se basó en una denuncia que alertaba sobre su presunta coordinación con dos abogados en libre ejercicio.
Según el CJ, estos juristas habrían elaborado proyectos de sentencia que luego eran firmados por la jueza y compartidos previamente a las partes procesales, lo que habría generado beneficios indebidos.
La investigación reveló además que los abogados supuestamente tenían acceso a las claves del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (e-SATJE) y mantenían en su poder expedientes físicos fuera del despacho judicial.
El 1 de agosto, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado, se realizaron allanamientos en la vivienda y oficina de la magistrada.
Estas diligencias forman parte de las pesquisas por presunto delito de asociación ilícita en el marco del caso “Bufete con Toga”, que busca identificar estructuras delictivas que habrían manipulado procesos judiciales.
Jueza de Cotopaxi investigada por presunta liberación anticipada
En la provincia de Cotopaxi, la jueza A.G.S.T., de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Latacunga, fue suspendida tres meses sin sueldo.
El 7 de septiembre de 2024, la magistrada ordenó la liberación de una persona privada de la libertad bajo el argumento de que ya había cumplido la pena de seis años impuesta en su contra.
Sin embargo, las verificaciones posteriores demostraron que todavía le restaban por cumplir ocho meses de condena.
La Judicatura calificó este hecho como una infracción grave por incumplimiento de deberes funcionales, debido a que las decisiones judiciales deben basarse en la verificación precisa de los plazos y requisitos establecidos por ley.
Caso Bolívar: sentencia sin motivación suficiente
En Bolívar, la jueza Z.T.N.F., de la Unidad Judicial Civil de Guaranda, recibió una suspensión de 30 días sin sueldo.
El CJ determinó que el 1 de febrero de 2024, la magistrada emitió una sentencia sin la debida motivación, lo que vulnera principios procesales y el derecho a la tutela judicial efectiva.
Esta omisión provocó que la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar declarara la nulidad procesal del fallo, afectando directamente la validez y continuidad del proceso.
Contexto y repercusiones de la suspensión de las juezas
Las suspensiones fueron aprobadas en sesión ordinaria del Pleno de la Judicatura y forman parte de una serie de medidas disciplinarias que este organismo ha intensificado en los últimos meses.
Según el CJ, el objetivo es garantizar la integridad y transparencia del sistema judicial, así como reforzar los mecanismos de control interno frente a casos que comprometan la credibilidad de la administración de justicia.
En paralelo, la Fiscalía General del Estado continúa desarrollando investigaciones penales en al menos uno de los casos, el de Chimborazo, que se enmarca dentro de una operación nacional contra presunta corrupción judicial.
El CJ recordó que las sanciones disciplinarias no sustituyen las investigaciones penales en curso, y que, de encontrarse responsabilidad en el ámbito penal, las magistradas podrían enfrentar procesos judiciales adicionales.
El organismo enfatizó que la independencia judicial no exime a los jueces del cumplimiento estricto de la ley ni de los principios éticos de su función, y que la transparencia es fundamental para mantener la confianza ciudadana en la justicia ecuatoriana.
