El asambleísta Santiago Díaz fue detenido y enfrenta prisión preventiva por presunta violación a una menor; Fiscalía abre investigación.
En la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia de Pichincha, la jueza Carla Olalla dictó prisión preventiva para el asambleísta Santiago Díaz Asque, por presunto abuso sexual, quien deberá cumplir la medida en la Cárcel 4 de Quito.
Además, anunció el inicio de una instrucción fiscal de 90 días para investigar su participación en la violación de una niña de 12 años.
Cronología del caso de Santiago Díaz
El hecho por el cual se acusa al asambleísta Santiago Díaz habría ocurrido en diciembre de 2024, según información proporcionada por la Fiscalía.
Sin embargo, la denuncia formal se presentó el 8 de julio de 2025.
De acuerdo con las autoridades, la víctima —una menor de 12 años— y su familia no denunciaron antes debido al temor que sentían por posibles represalias.
Entre el 9 y el 13 de julio de 2025, la Fiscalía llevó a cabo cinco allanamientos en distintos puntos vinculados al asambleísta.
Durante estos operativos se incautaron teléfonos celulares, documentos y otros elementos que habrían servido como evidencia para sustentar la acusación por presunta violación.
Santiago Díaz, de 56 años y ya expulsado de la bancada de Revolución Ciudadana, decidió entregarse de forma voluntaria a las autoridades el 21 de julio.
Su entrega ocurrió frente al redondel de La Morita, en Tumbaco, dando cumplimiento a una orden de detención previamente emitida.
Medidas cautelares y procesales
Como parte del proceso judicial, se dictaron varias medidas cautelares y procesales contra el asambleísta Santiago Díaz.
Entre ellas, se ordenó prisión preventiva por riesgo de fuga y posibles interferencias en el proceso.
Además, se le prohibió enajenar bienes, incluyendo su vivienda ubicada en el sector de Monjas.
También se dispusieron medidas de protección a favor de la víctima y su padre, conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La Fiscalía, por su parte, ha presentado al menos 25 elementos de convicción, entre ellos testimonios, peritajes médicos, documentos oficiales y evidencia incautada durante los allanamientos.
