Juez de Riobamba acusado de corrupción por liberar a detenidos, tras una investigación periodística. Te contamos el contexto del caso.
Un juez de Riobamba es acusado de corrupción por liberar a detenidos, tras una investigación periodística. Te contamos el contexto del caso.
Una investigación periodística publicada el 19 de junio de 2025 reveló que once jueces de distintas ciudades del país habrían incurrido en irregularidades al momento de iniciar procesos judiciales. Entre ellos figura el juez Carlos Calderón, de la Unidad Penal de Riobamba.
Según el informe del medio digital, en uno de los casos se “reclasificó una extorsión como delito contra la propiedad”. El reporte añade que:
“El juez no formuló cargos, pese a que los detenidos habían sido identificados por la víctima y había pruebas en su celular”.
¿Cómo inició el caso del juez de Riobamba?
El caso se remonta a abril de 2025, cuando la Policía Nacional capturó a tres presuntos extorsionadores en el sector San José del Batán, en Riobamba.
De acuerdo con el parte policial, los sospechosos, encapuchados, fotografiaron el domicilio de una de las víctimas y enviaron las imágenes por WhatsApp, exigiendo dinero a cambio de no hacerles daño.
El denunciante afirmó haber recibido amenazas desde el 11 de abril por parte de un sujeto identificado como Josué, quien solicitaba pagos de USD 70 y luego USD 200.
Durante el operativo, la Policía localizó a dos motocicletas cuyos ocupantes los reconocieron por las víctimas. Al intentar huir, se produjo una persecución que concluyó con la aprehensión de tres jóvenes, de entre 19 y 25 años.
Se les encontraron celulares y pasamontañas, y las víctimas los identificaron como los autores de las amenazas.
Durante la audiencia de flagrancia, el fiscal del caso, Franco Yaguachi, habría reclasificado la acusación inicial de extorsión como delito contra la propiedad.
Debido a que no se presentaron elementos suficientes para sustentar la acusación, el juez Calderón no formuló cargos ni dictó prisión preventiva. Los detenidos quedaron en libertad.
Cabe señalar que, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), delitos como robo, hurto, abigeato y extorsión están clasificados como delitos contra la propiedad. No obstante, en la Fiscalía, el proceso consta específicamente como extorsión.
¿Por qué liberaron a los detenidos?
Previo al inicio de la audiencia, una de las víctimas identificó a uno de los detenidos como su vecino. Esto llevó a un acercamiento entre las partes, que concluyó en un acuerdo extrajudicial: la devolución del dinero exigido y una disculpa pública. Tras conocer este acuerdo, la Fiscalía resolvió no formular cargos en ese momento y continuar con la fase investigativa.
De acuerdo con el principio de dispositivo y la normativa vigente, cuando la Fiscalía no presenta cargos, el juez no puede dictar medidas privativas de libertad, por lo que se dispuso la inmediata liberación de los detenidos.
¿Qué dice la Asociación de jueces sobre la presunta corrupción?
Ese mismo 19 de junio de 2025, la Asociación de Jueces del Núcleo de Chimborazo emitió un comunicado en el que se expuso el número de causa y se explicó lo ocurrido.
En el documento se aclara que la Fiscalía no presentó elementos suficientes y que el proceso continúa en fase de investigación. También se indicó que las partes llegaron voluntariamente a una conciliación.
El comunicado lo difundieron en redes sociales y recibió comentarios que respaldaban la trayectoria y ética del juez Calderón.
Al consultar el expediente en el sistema del Consejo de la Judicatura, se verificó la versión ofrecida por la Asociación de Jueces.
¿Por qué acusan al juez de Riobamba de corrupción?
Un punto de controversia se originó por la clasificación de la causa.
Al momento del sorteo de la audiencia, el sistema la registró como “robo” en lugar de “extorsión”, lo cual, según funcionarios judiciales, sería un error de digitación sin incidencia en el procedimiento.
A pesar de ello, en la Fiscalía consta como un caso de extorsión.
Finalmente, al revisar los antecedentes de los tres detenidos en los registros de la Fiscalía, se confirmó que no existen causas previas ni vínculos con grupos de delincuencia organizada, como se sugiere en el parte policial.
