John Vinueza enfrenta un nuevo proceso de remoción anunciado en noviembre de 2025. Alertan posible bloqueo institucional en Riobamba.
Juan Esteban Guarderas, ex consejero del CPCCS (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) con un grupo de ciudadanos este viernes 23 de enero de 2026 iniciaron un nuevo proceso de remoción en contra del alcalde John Vinueza que debía iniciar con la Comisión de Mesa el 27 de enero.
El proceso lo anunciaron en noviembre de 2025 con respaldo de la Fundación Lucha Anticorrupción, no habría llegado a la Secretaría del Concejo, pese a contar con recibido oficial, según confirmó el activista Juan Esteban Guarderas.
El hecho ha generado cuestionamientos públicos sobre el cumplimiento del procedimiento legal y el rol del Concejo Municipal frente a los mecanismos de control social, especialmente en un contexto previo a las elecciones seccionales 2027.
¿Cómo debería avanzar un proceso de remoción?
El procedimiento legal establece que:
- El pedido debe ser recibido oficialmente
- En un plazo de 48 horas debe remitirse a los concejales
- Se conforma una comisión de mesa
- El informe pasa al pleno del Concejo, donde se requieren dos tercios de los votos
- Finalmente, el proceso debe ser validado por el Tribunal Contencioso Electoral
Sin embargo, en el caso de Riobamba, no existiría notificación de avance, a diferencia de otros cantones como Cayambe, donde procesos similares ya habrían continuado su trámite.
Al consultar con Secretaría de Concejo del Municipio de Riobamba sobre si el pedido llegó hasta esta instancia respondieron que no.
Al no haber llegado la documentación a la Secretaría del Concejo dentro del plazo legal de 48 horas —que se cumplió el 27 de enero de 2026—, quienes impulsaron el proceso deberán evaluar medidas de insistencia conforme a lo que establece la ley.
¿Qué se denunció en noviembre de 2025?
De acuerdo con Guarderas, a finales de 2025 se anunció que la Fundación Lucha Anticorrupción se encontraba fiscalizando varios aspectos de la gestión municipal.
En la investigación identificaron cuatro líneas de análisis que podrían derivar en pedidos de remoción, siempre bajo el principio constitucional de presunción de inocencia.
Las cuatro posibles causales señaladas son:
- Incumplimiento del presupuesto municipal
- Contratación de personal sin el perfil requerido para los cargos
- Actuaciones relacionadas con los denominados “madrugones”
- Observaciones a un proyecto vinculado al sistema de agua potable
Según la información expuesta, una de estas causales ya fue presentada formalmente, activando el proceso correspondiente.
El punto crítico: acceso a la información pública
Uno de los elementos centrales que motivó el primer pedido de remoción sería la falta de acceso a información pública, obligación establecida en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).
Guarderas afirmó que durante el proceso de fiscalización se detectó que:
- Información pública obligatoria no estaba disponible
- Actas y registros de sesiones clave no se encontraban en los canales oficiales
- Contenidos habrían sido eliminados o resultaban inasequibles
Esta situación, explicó, impide la fiscalización ciudadana y podría constituir un incumplimiento de funciones, causal prevista en la normativa para iniciar un proceso de remoción.
La ciudadanía de Riobamba aportó para la revocatoria de mandato
Guarderas recalcó que el proceso no constituye persecución política, sino un ejercicio de control social, y enfatizó que ahora la responsabilidad recae en los concejales municipales.
“La ciudadanía ya hizo su parte de fiscalización. Ahora les corresponde a los concejales actuar conforme a la ley”, señaló.
También indicó que la fundación informará públicamente sobre las posturas de los concejales frente a estos procesos, considerando que varios de ellos buscarían la reelección en el próximo periodo.
Como parte del proceso, se habilitó un canal de contacto para que ciudadanos de Riobamba puedan aportar información o respaldo a futuras acciones de control social, en el marco de la ley.
Aquí esta dirección electrónica podrá enviar información para procesos de fiscalización: remocionriobamba@outlook.com
El caso vuelve a poner en debate el funcionamiento real de los mecanismos de fiscalización, la transparencia institucional y el rol de las autoridades locales frente a pedidos formales impulsados por la ciudadanía.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se ingresó el pedido de remoción?
El pedido fue anunciado e ingresado en noviembre de 2025, según la información proporcionada por la Fundación Lucha Anticorrupción.
¿El proceso ya fue calificado por el Concejo?
Hasta el momento, no existiría confirmación de que haya llegado a la Secretaría del Concejo, pese a contar con un recibido.
¿Cuántas causales de remoción se analizan?
Se analizan cuatro posibles causales, de las cuales una ya fue presentada formalmente.
¿El proceso implica culpabilidad del alcalde?
No. El proceso se desarrolla bajo el principio de presunción de inocencia, conforme a la Constitución.
¿Quién debe actuar ahora?
Una vez ingresado el pedido, la responsabilidad recae en el Concejo Municipal, que debe tramitarlo conforme a la normativa vigente.
