Inseguridad en vías de Ecuador causa grandes pérdidas económicas a un sector que se encarga del transporte y logística. La Policía toma acción.
La inseguridad en las vías del Ecuador ha alcanzado niveles críticos. Robos, secuestros, extorsiones y asesinatos afectan a diario a los transportistas de carga pesada, generando pérdidas millonarias y poniendo en riesgo sus vidas.
Según la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape), el sector vive una crisis sin precedentes.
Delincuencia organizada causa inseguridad en las vías del país
Carlos Cueva Hidalgo, vocero de Fenatrape, denunció en el programa De Frente y Sin Miedo que bandas criminales operan con total impunidad en zonas como el anillo vial de Quevedo, donde llegan a interceptar convoyes de hasta 10 camiones.
“Nos están matando en las vías. Desde hace tres años la inseguridad ha escalado: sufrimos asaltos, robos de mercadería y secuestros de conductores”, advirtió.
En esta zona se registran entre 15 y 30 asaltos semanales a vehículos de carga, con pérdidas que superan los 20 millones de dólares mensuales.
Ante esta situación, muchos transportistas han suspendido sus operaciones nocturnas, reduciendo su actividad entre un 20% y 25%.
Además, algunas aseguradoras han dejado de cubrir modelos de camiones como los HINO, por ser los más robados.
Gobierno devuelve control de seguridad a la Policía Nacional
Como respuesta, el Gobierno emitió un acuerdo ministerial que devuelve a la Policía Nacional el control de la seguridad en 25 ejes viales de la red estatal. La medida cuenta con el respaldo de cinco instituciones del Estado y se aplicará por un año en fase de prueba.
En la provincia de Chimborazo, la medida ya está en marcha. El mayor José Elías Barragán, jefe de Tránsito de la Policía en la zona, informó sobre el despliegue de operativos en tramos estratégicos como:
- Cumandá – Colta – Riobamba
- El Piedrero – Alausí – Riobamba
En estos sectores, cinco patrullas equipadas refuerzan la vigilancia, especialmente en puntos críticos como la Media Luna, sobre la vía E35.
“La seguridad que estamos implementando es integral: incluye control vehicular y protección ciudadana”, señaló Barragán.
Sin embargo, la implementación no está exenta de conflictos. Las competencias compartidas entre la Policía y los agentes civiles de tránsito han generado tensiones.
Algunos cuerpos civiles se niegan a acatar el decreto, alegando posibles vulneraciones constitucionales.
Desde Fenatrape, la exigencia es clara: “No se trata solo de custodiar un tramo. Se trata de recuperar el derecho a trabajar sin miedo”, sentenció Cueva.
El sector transportista sigue a la espera de medidas más contundentes que frenen la ola de violencia en las carreteras del país.
