Artista denuncia falsificación de firma que permitió adjudicar contrato con la Prefectura de Chimborazo por USD 300 mil para fiestas.
Un contrato adjudicado con el código COTS-HGADPCH-2025-001 por USD 300.000 en el Sercop para la organización de eventos de festejo por los 201 años de provincialización de Chimborazo, ha desatado un nuevo conflicto que involucra a la Prefectura de Chimborazo.
El músico y docente Dylan Vargas denunció que su identidad fue utilizada sin su consentimiento, sus documentos falsificados y su firma adulterada para ganar ese contrato.
La denuncia penal fue presentada en la Fiscalía este lunes 09 de junio a las 10:30h, y el proceso legal ya está en marcha, pues el martes 10 se realizó la toma de versión oficial.
Vargas es licenciado en Artes Musicales y Sonoras. Lleva casi dos décadas dedicado al arte, y actualmente ejerce la docencia y trabaja con una productora de eventos.
La gravedad del caso radica en que su nombre, cédula, título profesional y una firma falsificada habrían sido utilizados para avalar una propuesta presentada por Silvia Paguay y Lucas David Paucar. Quienes actualmente figuran como contratistas adjudicatarios de los recursos públicos.
¿Como inició la presuna falsificación de documentos para el contrato con la Prefectura de Chimborazo?
Dylan relata que todo habría pasado a mediados de mayo, cuando recibió una llamada en la que le ofrecieron participar como técnico en un supuesto proyecto de formación musical.
“Me dijeron que se necesitaba un técnico para un curso de enseñanza musical en la provincia. Pensé que era un proyecto educativo serio”, relató.
Como parte del proceso, compartió su título académico. Pero después de eso, perdió contacto con los supuestos gestores. “Jamás imaginé que esos documentos serían usados para algo tan grave”, dijo.
El viernes 6 de mayo anterior a la denuncia, fue su mánager, Víctor, quien descubrió la falsificación.
“Me preguntó si estaba trabajando con ‘los otros’. Yo no entendía nada. Luego me explicó que mi firma y mis papeles aparecían en otra carpeta técnica”, cuenta Vargas.
Al revisar los documentos, identificó la falsificación. “Mi firma es muy específica. Desde los 16 años, cuando fui presidente de mesa, la uso igual. La que vi en esos documentos era evidentemente falsa y mal hecha”.
A esto se sumó un certificado de experiencia laboral que él nunca emitió ni autorizó y que incluso no cursó.
El contrato en cuestión fue adjudicado en el portal del Sercop para los eventos de provincialización de Chimborazo.
Irónicamente, la productora con la que Vargas colabora también había aplicado de forma legítima al mismo concurso.
“Aplicamos con la productora. Pero terminaron adjudicando el contrato a una propuesta que incluía mis documentos falsificados. Es decir, se adjudicó una carpeta falsa”.
Prefectura de Chimborazo mantiene silencio frente a la denuncia de falsificación de firma
Después de que estallara el caso, Vargas recibió una llamada desde un número desconocido. Una mujer se identificó primero como “Verónica”, luego como Silvia Paguay.
“Me dijo que era Silvia. Le respondí que no tenía nada que hablar con ella y que se comunique con mi abogado”, narró.
Hasta el momento, ningún funcionario de la Prefectura se ha comunicado oficialmente con él.
Para Vargas, este no es solo un caso de suplantación de identidad.
“Es falsificación de firma. Es un delito grave tipificado en el artículo 327 del Código Penal. Usaron mi firma en documentos públicos y eso conlleva una pena de hasta cinco años de cárcel”, afirmó.
Pide que se investigue cómo fue posible que se aprobara esa carpeta en el sistema de contratación pública. “Debe existir una comisión que verifique la documentación. ¿Cómo es posible que se apruebe una carpeta con firma falsificada y se adjudiquen recursos públicos?”, cuestionó.
El artista insiste en que el daño va más allá de lo legal. “No se trata solo de una firma. Se trata de la reputación, del nombre, del trabajo de muchos años. No es justo que personas sin trayectoria vengan a aprovecharse del esfuerzo ajeno”, culminó.
Además de justicia legal, espera que se emita una disculpa pública por el uso indebido de su nombre.
“No es solo por mí. Es por todos los que trabajamos de forma honesta y confiamos en que las instituciones públicas funcionan con transparencia”.
El caso ahora está en manos de la justicia. Mientras tanto, el contrato adjudicado permanece en firme, y la Prefectura de Chimborazo aún no ha emitido un pronunciamiento oficial.
