Hijo de Verónica Abad irá 5 años a la cárcel por oferta de tráfico de influencias, según sentencia judicial.
Hijo de Verónica Abad irá 5 años a la cárcel.
Así lo resolvió el Tribunal de Garantías Penales de Quito al declarar culpable a Sebastián Barreiro, hijo de la exvicepresidenta de Ecuador Verónica Abad, por el delito de oferta de tráfico de influencias.
La sentencia se conoció este jueves y marca un nuevo episodio en el denominado Caso Nene, que generó amplio debate político y judicial en el país.
El fallo establece cinco años de prisión, además de una multa equivalente a 12 salarios básicos unificados y la suspensión de derechos políticos por 10 años.
Asimismo, el sentenciado no podrá contratar con el Estado mientras dure la condena y las inhabilitaciones correspondientes.
Fiscalía probó el delito de tráfico de influencias
Durante el juicio, la Fiscalía General del Estado presentó pruebas y testimonios que, según el Tribunal, demostraron que Barreiro ofreció supuestas gestiones y cargos públicos a cambio de beneficios económicos.
El delito de tráfico de influencias está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y contempla penas privativas de libertad cuando se comprueba el uso indebido de relaciones de poder.
El proceso judicial se desarrolló en el Complejo Judicial Norte de Quito y contó con la presentación de peritajes, versiones anticipadas y elementos documentales.
La defensa anunció que analizará los mecanismos legales disponibles tras la sentencia, mientras que la Fiscalía sostuvo que el fallo ratifica el compromiso institucional contra la corrupción.
Sebastián Barreiro sentenciado
La decisión judicial tiene repercusiones políticas debido al vínculo familiar con la exvicepresidenta.
Aunque el proceso fue individual, el caso generó pronunciamientos en distintos sectores políticos y sociales, que consideran que el fallo envía un mensaje sobre la aplicación de la ley sin distinciones.
Sebastián Barreiro sentenciado a cinco años de prisión por el delito de oferta de tráfico de influencias, tras un fallo emitido por el Tribunal de Garantías Penales de Quito.
La decisión judicial incluye además multa económica, suspensión de derechos políticos e inhabilitación para contratar con el Estado, en un caso que generó fuerte repercusión política en Ecuador.
Analistas coinciden en que el caso refuerza el debate sobre transparencia y lucha contra la corrupción en Ecuador.
Con esta sentencia, la justicia ecuatoriana cierra una etapa procesal relevante, aunque el caso aún podría tener nuevos capítulos en instancias superiores si se presentan recursos legales.
