Hermel Tayupanda, prefecto de Chimborazo con nueva denuncia penal por presuntas calumnias contra abogado que ganó el proceso de proselitismo político.
El proceso judicial contra el actual prefecto de la provincia, Hermel Tayupanda Cuvi, ha tomado un giro decisivo.
La Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo admitió a trámite la querella presentada por el ciudadano Germán Alejandro Rodas Coloma, reactivando un caso que se encontraba en pausa por falta de magistrados.
El caso surge de una denuncia presentada originalmente ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por el abogado Germán Rodas Coloma.
El prefecto Hermel Tayupanda lo acusaron de realizar campaña electoral a favor del candidato César Robles utilizando infraestructura del Consejo Provincial.
Sin embargo, Hermel Tayupanda sostiene una versión radicalmente distinta mediante una entrevista en un medio radial local:
- Denuncia de montaje: El Prefecto asegura que las pruebas presentadas son «fotomontajes» de troles de internet donde se le colocó artificialmente junto a otros candidatos.
- Irregularidades procesales: Tayupanda cuestiona que, tras haber sido negada una denuncia similar (causa 056) por una jueza, un segundo magistrado —el Juez Viteri— aceptó una nueva causa (058) basada en los mismos hechos, lo cual califica de persecución.
«Vacunas judiciales» y chantaje
En las declaraciones, la máxima autoridad de Chimborazo lanzó duras críticas contra los querellantes, calificándolos de foráneos que buscan lucrar mediante el sistema de justicia.
«Vinieron a decirle: te quitamos esa demanda, pero ¿cuánto me pagas? Así, chantajeando… mandan a abogados vacunadores», afirmó Tayupanda.
La primera autoridad de la provincia aseguró que no cederá a presiones económicas, finalmente la sanción terminó con la suspensión temporal de funciones.
El proceso actual
A pesar de estas declaraciones, el Dr. Iván Garzón Villacrés, juez subrogante de la Sala Especializada de lo Penal, ha dado luz verde para que la querella por calumnias continúe.
Con la aceptación a trámite este 10 de diciembre, el Prefecto deberá comparecer formalmente en un plazo de diez días para presentar su defensa técnica ante la Corte Provincial.
El escenario legal queda ahora dividido en dos frentes: la defensa técnica en los tribunales y la denuncia pública de una presunta estructura de extorsión que, según el Prefecto, utiliza la justicia como herramienta de presión política y económica.
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