Gobierno anuncia suspensión de licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga
El Gobierno de Ecuador anunció la suspensión de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha, Cuenca, tras informes de riesgo hídrico presentados por autoridades locales.

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El Gobierno Nacional informó este jueves, mediante un comunicado oficial, que iniciará el proceso de suspensión de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga.
El proyecto sería operado por la empresa canadiense Dundee Precious Metals y ubicado en las inmediaciones del Área Recreativa Nacional Quimsacocha, en el sur de Cuenca.
La decisión se tomó tras la entrega de informes técnicos por parte de la Prefectura del Azuay y el Municipio de Cuenca, que advierten sobre posibles riesgos para las fuentes de agua que abastecen a la ciudad.
La Presidencia precisó, sin embargo, que serán los gobiernos locales los responsables de “la veracidad, consistencia y responsabilidad técnica” de dichos documentos.
“La posición del Gobierno es proteger la salud de los ciudadanos, resguardar las fuentes hídricas y hacer respetar las competencias en todos los niveles de Gobierno”, señaló el comunicado.
A la ciudadanía: pic.twitter.com/nJBcTPROtN
— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) September 25, 2025
Un proyecto minero en disputa
El proyecto Loma Larga se localiza a unos 35 kilómetros al sur de Cuenca. Sus concesiones rodean el Área de Recreación Nacional Quimsacocha, un ecosistema de páramos y lagunas declarado parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en 2012.
Aunque el Plan de Manejo Ambiental de 2018 precisa que el cuerpo mineralizado está a 600 metros del límite del área protegida, la posible afectación a las fuentes hídricas ha motivado una fuerte resistencia ciudadana.
En la última década, Loma Larga ha atravesado varios cambios de concesión.
Originalmente adjudicado entre 2001 y 2003 a IAM GOLD, en 2014 fue declarado estratégico por el gobierno de Rafael Correa, lo que permitió avanzar hacia la fase de exploración avanzada.
Reacciones en Cuenca
La mañana del 25 de septiembre de 2025 miembros de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) dejaron al frente de la Gobernación del Azuay la ‘basura’ que ha dejado la empresa Dundee Precious Metals.
Esto lo reporto el medio de comunicación Expreso.

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, celebró la medida como un triunfo ciudadano:
“Es un inmenso logro de la lucha histórica de Cuenca y de la férrea unidad para defender nuestros recursos como el agua y el páramo”, escribió en su red social X, recordando la marcha del pasado 16 de septiembre, que reunió a más de 100.000 personas.
Zamora insistió además en que el Gobierno debe ir más allá y declarar a Quimsacocha como zona de máxima protección ambiental, revirtiendo la concesión minera en su totalidad.
Por su parte, el prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, reiteró que la ciudadanía espera la notificación formal a la minera y una acción definitiva del Ejecutivo.
Antecedentes recientes
El anuncio del Gobierno ocurre tras una reunión en Cuenca convocada por la Gobernación del Azuay, donde autoridades locales y nacionales intercambiaron reclamos y acusaciones.
Durante el encuentro, el gobernador Xavier Bermúdez explicó que la recopilación de informes técnicos es un paso administrativo previo para proceder a la revocatoria de la licencia ambiental.
No obstante, Zamora y Lloret cuestionaron la convocatoria, denunciando que fue realizada “a última hora” y mediante redes sociales.
Ambos entregaron estudios de ETAPA y de organismos internacionales que sostienen la incompatibilidad de la minería en la zona.
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El futuro de Loma Larga
Con el inicio del proceso de suspensión de la licencia, la viabilidad del proyecto Loma Larga queda en entredicho.
Mientras las autoridades locales exigen la cancelación definitiva de la concesión, organizaciones sociales como el Cabildo por el Agua advierten que la suspensión no es suficiente y que seguirán presionando hasta lograr el archivo total del proyecto.
El Ministerio de Ambiente deberá ahora revisar los informes entregados para determinar los pasos finales del proceso administrativo.