FUT se movilizó en Quito contra la Ley de Integridad por permitir despidos masivos en el sector público, afectando derechos laborales.
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular convocaron este jueves a una movilización nacional en Quito para expresar su rechazo a la Ley de Integridad Pública. Impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea Nacional.
La protesta inició a las 16:00 frente al Ministerio de Trabajo, ubicado en el norte de la capital, y reunió a sindicatos, organizaciones sociales y trabajadores del sector público.
Según Edwin Bedoya, presidente del FUT, la principal preocupación es que la normativa, cuyo reglamento ya está en fase de implementación; permitiría la desvinculación de al menos 50 000 empleados públicos. Especialmente en sectores estratégicos como salud, educación, justicia y servicios administrativos.
“Se calcula que buscarían sacar a trabajadores, empezando por los de contratos ocasionales y aquellos con nombramiento provisional”, explicó Bedoya en rueda de prensa.
El dirigente indicó que existe ya un cronograma de notificación para aproximadamente 20 000 servidores, en su mayoría con contratos temporales. Y advirtió que los despidos podrían efectuarse sin evaluación técnica ni justificación institucional.
“Se trata de una ley que abre la puerta al despido masivo arbitrario, sin respetar derechos adquiridos ni los procesos establecidos por la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP)”, denunció.
FUT teme despidos masivos por la Ley de Integridad Pública
Uno de los puntos más cuestionados es el uso de fondos internacionales para financiar este proceso. “600 millones de dólares que ha recibido el Gobierno van a servir para despedir trabajadores del sector público, en lugar de fortalecer los servicios estatales”, aseguró Bedoya.
Según datos del FUT, esos recursos provienen de préstamos multilaterales destinados a la reestructuración del Estado.
La Ley de Integridad Pública fue publicada en el Registro Oficial el 26 de julio y forma parte de un paquete de reformas que el Gobierno ha presentado como medidas para optimizar el aparato estatal, reducir el gasto corriente y combatir la corrupción.
No obstante, el FUT y otras organizaciones sostienen que esta normativa vulnera derechos laborales fundamentales. Entre ellos, la estabilidad en el cargo, los procesos de evaluación, y los incentivos por jubilación voluntaria.
El FUT advirtió que la movilización de este jueves es solo el inicio de un plan nacional de resistencia legal y social.
“Vamos a utilizar todos los mecanismos constitucionales para frenar una ley que golpea directamente al trabajador público”, afirmó Bedoya, quien no descartó nuevas marchas, demandas judiciales y acciones en instancias internacionales.
