Fiscalía reabre caso contra Viviana Veloz por traición a la patria
Fiscalía reabre caso contra Viviana Veloz por presunta traición a la patria, y la legisladora denuncia represalias del Gobierno.
La Fiscalía General del Estado ha reactivado una investigación previa contra la asambleísta Viviana Veloz, generando gran controversia en el ámbito político nacional.
La acción judicial se centra en el presunto delito de traición a la patria, además de otros cargos como conspiración, lo que Veloz considera una persecución política del Gobierno.
La legisladora fue notificada oficialmente de la reapertura del caso, y aseguró que estas medidas buscan silenciar su labor de fiscalización en el caso HealthBird.
Un escándalo que ha sacudido la política ecuatoriana y que involucra posibles irregularidades en contratos públicos.
Según Veloz, la investigación carece de fundamentos sólidos y se trata de un mecanismo para amedrentar a los legisladores críticos del Ejecutivo.
Investigación por presunta traición a la patria
El presunto delito de traición a la patria es uno de los más graves en la legislación ecuatoriana y se aplica a actos que comprometen la soberanía, seguridad o integridad del Estado.
Expertos legales explican que, para avanzar en un caso de esta naturaleza, la Fiscalía debe presentar pruebas claras de que la conducta de la persona investigada puso en riesgo los intereses del país.
Veloz insiste en que su trabajo ha sido estrictamente legislativo y de fiscalización, lo que genera un debate sobre si la reapertura de esta investigación constituye un uso político del sistema judicial.
La situación ha encendido la alarma entre sectores de la oposición, que denuncian un patrón de presión sobre los asambleístas que cuestionan al Gobierno.
Juicio político contra Mario Godoy
En respuesta a la reapertura del caso, Viviana Veloz anunció que presentará una solicitud de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
La legisladora argumenta que ha existido un manejo político de las instituciones judiciales, lo que compromete la independencia del sistema y vulnera los derechos de los parlamentarios.
La medida busca visibilizar lo que Veloz califica como persecución institucional, y generar un debate sobre la separación de poderes en Ecuador.
El anuncio ha provocado reacciones encontradas en la Asamblea Nacional y ha colocado nuevamente a la legisladora en el centro del debate político del país.
Reacciones y contexto político
El caso se produce en un momento de alta tensión entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo.
Diversos analistas políticos señalan que la reapertura de la investigación contra Veloz puede convertirse en un precedente sobre cómo el Gobierno maneja los casos de funcionarios críticos.
Sectores de la oposición han expresado su preocupación por lo que consideran un patrón de persecución política, mientras que grupos oficialistas defienden la acción de la Fiscalía como un procedimiento legal que busca garantizar la justicia.
La controversia se extiende a la opinión pública, con debates en redes sociales y medios de comunicación sobre la gravedad del delito de traición a la patria y la independencia del sistema judicial.
- Leer más: Henry Gaibor renuncia a la Judicatura tras filtración de audios.
- Leer más: Mujer habría asesinado a sus dos exesposos en un solo día.
Implicaciones para la política ecuatoriana
La reapertura del caso no solo afecta la labor de Viviana Veloz como legisladora, sino que también genera un debate más amplio sobre la transparencia y la rendición de cuentas en Ecuador.
Expertos legales y políticos coinciden en que la situación podría influir en futuras investigaciones y en la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional.
Además, la cobertura mediática del caso ha colocado a Veloz como símbolo de los legisladores críticos que enfrentan procesos judiciales en medio de tensiones políticas.
La repercusión nacional del caso demuestra que la combinación de política y justicia sigue siendo un tema central en la agenda del país.
