Fiscalía pide 34 años de cárcel para militares en caso Las Malvinas
Fiscalía pide 34 años de cárcel para militares; familias reclaman justicia definitiva por los cuatro niños desaparecidos en Las Malvinas.
Fiscalía pide 34 años de cárcel para militares marca un hecho judicial determinante en Ecuador.
Se trata del caso Las Malvinas, ocurrido el 8 de diciembre de 2024, cuando cuatro menores fueron detenidos por uniformados y posteriormente hallados sin vida.
A un año de los hechos, el dolor sigue intacto y la exigencia de justicia ha tomado fuerza nacional e internacional.
Fiscalía pide 34 años de cárcel para militares: una pena histórica
La Fiscalía pide 34 años de cárcel para militares como pena máxima para los procesados, argumentando responsabilidad directa en la desaparición forzada y muerte de los cuatro menores.
Esta solicitud fue expuesta durante la audiencia de alegatos finales realizada el 8 de diciembre de 2025.
La acusación sostiene que la detención fue ilegal, sin notificar derechos básicos, y que posteriormente se produjo tortura, ocultamiento y ejecución extrajudicial.
Este pedido constituiría uno de los castigos más severos impuestos a miembros de las Fuerzas Armadas en un caso de violación de derechos humanos, lo que lo convierte en un precedente jurídico histórico en Ecuador.
Un año de dolor: impacto social y exigencia ciudadana
Las familias de las víctimas, junto con organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, mantienen viva la lucha por la verdad.
A lo largo del último año, se realizaron marchas, vigilias, conferencias y plantones simbólicos.
El caso trascendió fronteras, despertando atención internacional debido a la gravedad del crimen y su carácter de desaparición forzada.
La exigencia no es solo judicial: también se busca reparación integral, memoria histórica y garantías de no repetición.
Los colectivos recalcan que la militarización no puede convertirse en excusa para violar derechos humanos.
Alegatos finales: responsabilidad, silencios y encubrimiento
Durante la exposición de alegatos, la Fiscalía presentó evidencias que señalan retención ilegal, violencia y posterior muerte de los menores.
Se mencionaron fallas en la custodia militar y contradicciones en testimonios oficiales, lo que evidenciaría encubrimiento institucional.
Frente a ello, Fiscalía pide 34 años de cárcel para militares argumentando que no se trató de un exceso operativo, sino de un crimen deliberado que vulneró gravemente el orden constitucional.
Los abogados de la acusación solicitaron además medidas de reparación: apoyo psicológico a las familias, disculpa pública estatal y la creación de un monumento memorial, con el objetivo de honrar la memoria de los menores y evitar que estos hechos se repitan.
Significado jurídico del pedido: por qué importa esta sentencia
La solicitud de pena tiene un impacto mayor al estrictamente penal.
Representa el fortalecimiento de la justicia ecuatoriana en casos donde agentes del Estado son responsables de violaciones graves.
Si la sentencia acoge la petición de la Fiscalía, Ecuador podría marcar un precedente en materia de derechos humanos, enviando un mensaje claro: ningún uniforme ni rango está por encima de la ley.
En este punto de la investigación, la Fiscalía pide 34 años de cárcel para militares resume no solo un pedido numérico, sino el clamor por reparación y dignidad.
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Lo que viene: la decisión que definirá la memoria nacional
En las próximas semanas, se espera que el tribunal emita una sentencia definitiva.
De acogerse el pedido, el país cerrará un capítulo doloroso con una afirmación histórica de justicia.
De no hacerlo, el riesgo de impunidad generará un daño profundo a la confianza ciudadana y a la memoria de las víctimas.
Lo cierto es que este caso no solo busca sancionar, sino construir una verdad pública que impida que los jóvenes ecuatorianos vuelvan a ser víctimas del abuso estatal.
Fiscalía pide 34 años de cárcel para militares, Ecuador escribe una de las decisiones más trascendentales en materia de derechos humanos del siglo.
